Después de un largo debate de cerca de diez horas, la sala de la Cámara de Diputados chilena aprobó la reforma constitucional que incorpora, como parte del derecho a la seguridad social, la facultad de los afiliados a un sistema de capitalización individual, de retirar parte de sus fondos previsionales, durante la vigencia de un estado de excepción constitucional de catástrofe provocado por el coronavirus.
La propuesta fue aprobada en su idea de legislar por 95 votos a favor, 25 en contra y 31 abstenciones. Sin embargo, por ser objeto de indicaciones, fue enviada nuevamente a la Comisión de Constitución para un segundo informe que de cuenta de las propuestas de enmienda. Para ser aprobada de forma definitiva, tendrá que pasar por el Senado.
Fernando Larraín, gerente general de la Asociación de AFP, reaccionó negativamente al cambio en curso: «Nadie puede celebrar hoy lo que ha aprobado la Cámara de Diputados. ES realmente frustrante llevar más de 5 años discutiendo sobre una reforma de pensiones, y el sistema político no ha sido capaz de mejorar las pensiones de los trabajadores y trabajadoras de Chile. El retiro de fondos lo que está haciendo es obligar a todos los trabajadores y trabajadoras, a financiar con los ahorros de toda su vida laboral, los efectos de esta crisis, y eso es una mala noticia para todos»
Por su parte, Luis Alberto Letelier, presidente de la Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión (ACAFI), también mostró su oposición: «La aprobación en su primer trámite legislativo en la Cámara de Diputados nos parece una muy mala señal y extremadamente preocupante, ya que atenta contra el objetivo país de construir mejores pensiones. Dado el escenario económico actual, es fundamental contar con políticas públicas responsables, existiendo todos los elementos para que las políticas impulsadas en virtud del acuerdo alcanzado hace pocas semanas nos lleve a medidas adecuadas para ir en ayuda de los que más lo necesitan hoy. Confiamos que en el Senado se rechace esta iniciativa que no hace más que poner en peligro la pensión de millones de chilenos y el futuro económico de nuestro país”.
Un mecanismo transitorio por el contexto del coronavirus
El retiro de fondos desde las AFP nace como una iniciativa, originada en tres mociones parlamentarias, con el propósito de establecer un mecanismo transitorio de retiro parcial de los ahorros previsionales, con ocasión de la crisis económica provocada por la pandemia del COVID-19.
El proyecto contempla que por única vez, y debido a la contingencia sanitaria, los afiliados al sistema de pensiones puedan retirar hasta el 10% de los ahorros previsionales acumulados en las AFPs.
Para ello, el proyecto establece que el monto mínimo a retirar será de 35 UF (1 millón de pesos) y el monto máximo será equivalente a 150 UF (4,3 millones de pesos aproximadamente).
En el caso de que el 10% corresponda a un monto menor a las 35 UF, los afiliados podrán retirar hasta dicho monto y, en el caso de que el monto total acumulado sea menor a las 35 UF, se podrá retirar la totalidad de los fondos.
Si el proyecto se convierte en ley, se permitirá retirar los ahorros en dos cuotas: La primera entrega será del 50% en un plazo máximo de 10 días hábiles luego de presentada la solicitud ante la AFP correspondiente. La segunda entrega será del 50% restante en un plazo máximo de 30 días hábiles a contar del desembolso anterior.
Para la restitución de los ahorros el proyecto propone crear un Fondo Colectivo Solidario de Pensiones, que se financiará con aportes de empleadores y del Estado. Su objetivo será el financiamiento progresivo de los complementos de pensiones que se necesiten en virtud de los retiros desde las cuentas.
Para tales efectos, la iniciativa solicita al presidente de la República enviar un proyecto de ley al Congreso Nacional, en el plazo de un año desde publicada la ley, que proponga la forma y el financiamiento del fondo colectivo, el que se propone sea administrado por una entidad pública y autónoma.
Dudas sobre el financiamiento, según BCI
En un estudio económico publicado este jueves, BCI Estudios señaló que los recursos en cuestión podrían alcanzar los 15 billones de dólares, una cifra que, «dados los compromisos recientes, no se disponen».
«En caso de avanzar el proyecto, deberán también diseñarse respuestas de política, especialmente del lado monetario, de forma de contener los efectos sobre tasas de interés y precios de activos, que limitarían la recuperación de la economía. Esos movimientos también deterioran las pensiones futuras, dados los efectos negativos en el valor de los fondos que implica la medida», añade la entidad.
Según BCI la medida tendrá un fuerte impacto sobre el mercado financiero local, ya que obligará a la liquidación de instrumentos: «Se verá una intensa discusión en el Senado respecto a los efectos de la medida. No hay duda alguna que si priman los argumentos técnicos, haciendo ver los enormes costos que implica el proyecto, tomando en consideración además los apoyos importantes que ya se han dado a las familias, el proyecto no debería materializarse. Pueda entonces que en definitiva prime esta mirada», concluye el informe.
