Finalmente se publicó en Perú la ley que permite utilizar el 25% de los fondos de pensiones para la compra de la primera vivienda u amortización de créditos hipotecarios vinculados; y la retirada del 95,5% de los fondos acumulados a los afiliados de las AFP que cumplan 65 años. Las primeras estimaciones sobre las repercusiones que esta ley tendrá sobre el ahorro previsional comienzan a circular, augurando un futuro con tintes grises para el Sistema Privado de Pensiones.
Desinversión para la amortización de créditos hipotecarios
Fuentes del mercado financiero proyectan que, cerca de 200.000 hipotecas vigentes, de las 232.000 hipotecas registradas en el sistema financiero peruano, podrían ser pagadas en parte o totalmente, con fondos de las AFP, pues, la mayoría de personas que pagan un crédito hipotecario en Perú están afiliados al Sistema Privado de Pensiones.
Julio Velarde, presidente del Banco Central de la República, estima que, en un año, los afiliados dispondrán de unos 3.500 millones de soles o unos 1.065 millones de dólares. Mientras que, según un estudio realizado por la firma independiente de consultoría económica Macroconsult, los retiros para pagos de hipotecas podrían alcanzar los 8.147 millones de soles peruanos, unos 2.475 millones de dólares. Un monto equivalente al 21% de los créditos hipotecarios vigentes en el sistema financiero peruano, estimados en un total de 38.681 millones de soles.
Entre las voces más críticas contra esta reforma, se encuentra el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, que reiteró la necesidad de reformar el sistema de AFP, ya que, a su juicio, el Estado no estará en la capacidad económica de pagar pensiones a futuro. Cateriano considera que el gobierno del nuevo presidente electo Pedro Pablo Kuczynski tendrá el reto de “fomentar un debate técnico sobre el sistema de pensiones en el Perú”.
Retirada del 95,5% de los fondos acumulados al cumplir los 65 años
Además de poder destinar hasta una cuarta parte de los fondos al pago de la hipoteca, esta nueva regulación permite al afiliado a partir de los 65 años de edad, elegir entre percibir la pensión que le corresponde o solicitar a la AFP la entrega de hasta el 95,5% del total del fondo disponible en su cuenta individual de capitalización. Si bien, el afiliado que escoja esta opción no tendrá derecho a ningún beneficio de garantía estatal y tendrá que destinar el 4,5% restante al sistema EsSalud.
Según declaraciones del congresista Yonhy Lescano, uno de los impulsores de la iniciativa de la ley, unas 5.000 personas ya habrían optado por retirar el porcentaje permitido por la nueva ley de pensiones, lo que representaría el 1,5% del total de afiliados de las AFP. Según Lescano, los montos retirados por cada afiliado mayor de 65 años fluctúan entre los 90.000 y los 200.000 soles. Este rango fijaría el retiro total mínimo en unos 450 millones de soles y un máximo de 1.000 millones de soles, según adelantó el diario El Comercio.
Mientras tanto, las cifras que recoge la publicación Diario Financiero, hablan una salida anual cercana al 10% de los montos administrados por las AFP en Perú, basándose en los retiros realizados durante el primer mes de vigencia de la ley. Según el periódico chileno, unos 10.000 afiliados peruanos habrían decidido retirar su ahorro, sólo el 1% de los afiliados que debían pensionarse en el periodo decidió no tocar su ahorro y contratar una pensión.
Primeras consecuencias
Las primeras afectadas por estos retiros serán las AFP y las compañías aseguradoras con foco en renta vitalicias, las cuales proyectan su crecimiento tomando como base los ahorros para la jubilación. Entre estas últimas, las empresas internacionales que más se podrían ver afectadas serían el grupo colombiano SURA, la española Mapfre, el grupo chileno Security, que controla la aseguradora Protecta; y la empresa financiera chilena Consorcio, que controla La Positiva. En cualquier caso, este negocio representa el 25% de la industria aseguradora peruana.
Por otro lado, esta normativa abre una ventana de negocio en el segmento de rentas altas, que podrían retirar prácticamente la totalidad de sus fondos e invertirlos en otros instrumentos financieros con mayores rendimientos que las rentas vitalicias.