La aparición del coronavirus y las medidas que se han implantado para contener su expansión han supuesto un duro revés para las economías de muchos hogares. Ante el parón de la actividad, muchas familias han visto reducidos sus ingresos y ha aumentado el número de familias que están en una situación de riesgo. Debido a este escenario, el debate de una renta universal se ha vuelto a poner sobre la mesa.
En España se ha aprobado un ingreso mínimo vital (IMV), una garantía de renta destinada a personas con pocos ingresos. El ingreso no tiene un carácter universal y solo podrán disfrutar de ella los ciudadanos más vulnerables. Aunque se haya lanzado en medio de la crisis del COVID-19 se pretende que adquiera un carácter permanente, de momento amparará a 4 de cada 5 personas en situación de pobreza severa en España.
Según ha expresado el Gobierno, el objetivo del ingreso mínimo vital es la redistribución de la renta, con la intención de erradicar la pobreza extrema, y la inclusión social y participación en el mercado laboral de las personas en situación de vulnerabilidad.
Las cuantías irán desde un mínimo de 461 euros al mes hasta 1.015 euros mensuales y dependerán de la situación de cada hogar. Esta medida supondrá un coste para el gobierno de 3.000 millones de euros.
Según informa el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, los cálculos estiman que beneficiará a más de 850.000 hogares de los que más de la mitad tiene niños a su cargo y en los que conviven alrededor de 2,3 millones de personas. La cuantía dependerá del número de miembros de cada hogar y de las rentas que perciban y se empezará a cobrar en el mes de junio, a medida que se vayan recibiendo las solicitudes.
¿Cómo afectará a la situación financiera de los españoles?
Juan Luis García Alejo, director general de Andbank Wealth Management en Andbank España, recuerda que las 850.000 familias a las que en principio beneficiará “son familias en las que la facilidad de ahorro estaba ausente en su mayor parte y que con este ingreso adicional simplemente alcanzan una “renta garantizada” que cubre unos mínimos vitales”.
Para el experto, el COVID-19 ha traído un “súbito empobrecimiento” para algunas familias que ya de por sí se movían en umbrales cercanos o inferiores a los “de pobreza”. En este contexto, considera que el IMV, como medida para ayudar a las familias, ayudará a que la economía se estabilice en un momento especialmente convulso. Si bien, recuerda que “hay que señalar que es una más de las medidas que ayudarán a que esto ocurra y que no es la de mayor tamaño económicamente hablando. Recordemos que, de salir adelante el plan Merkel-Macron, España podría recibir ayudas por importe de 150.000 millones de euros”.
En su opinión, se trata de una medida positiva y reconoce que su validez dependerá de un diseño eficiente de la misma. “Si se queda en algo legislado rápidamente para cubrir otros objetivos su utilidad podría ponerse en riesgo. Si se trabaja de forma detallada, ayudará a eliminar bolsas de pobreza y desigualdad”, apunta.
Aunque Juan Luis García admite que es pronto para ver sus efectos, reconoce que es una medida favorable en la medida que elimina parcialmente algunos riesgos de exclusión social con origen en la pobreza, como, según ejemplifica, el acceso a una formación adecuada de los menores en los hogares más desfavorecidos. Asimismo, considera que ayudará a disminuir la brecha de desigualdad atacando al segmento más vulnerable de la sociedad.
Pero insiste en que tendrá un coste estimado de unos 3.000 millones de euros que habremos de financiar. “Al ser permanente, la IMV pasa a formar parte de nuestro actual déficit estructural, aproximadamente un 0,25% más de déficit”, añade. Asimismo, cree que su eficacia dependerá de su diseño. “Necesita ir acompañado de seguimiento, coordinación con las Comunidades Autónomas, evaluación de la integración con otras medidas de ayuda a familias, diseño para evitar desincentivos (en especial evitar caer en la “trampa de la pobreza”)”, concluye.
¿Quién puede acceder?
El IMV parte de una amplia tipologías de hogares (en función del número de miembros y de si son monoparentales) y establece un nivel de renta garantizable diferente para cada tipo de hogar. El nivel mínimo, que corresponde a los hogares unipersonales, es de 5.538 euros al año, el equivalente a una pensión no contributiva. A partir de esta cuantía se establece un coeficiente adicional por cada miembro del hogar y un beneficio para los hogares monoparentales, según la siguiente tabla:
Según ha publicado el Gobierno, en cada hogar habrá un titular que solicitará la prestación. Si el hogar está formado por una sola persona el titular deberá tener entre 23 y 65 años y llevar al menos tres años constituido como hogar. Si el hogar tiene dos o más miembros, de manera general la edad del titular estará entre 23 y 65 años salvo en los casos en que se cuente con menores a cargo. Estos hogares deberán llevar constituidos al menos un año.
Para todos los tipos de hogar se requerirá al menos un año ininterrumpido de residencia legal y efectiva en España, excepto en las situaciones de violencia de género, trata y explotación sexual. Asimismo, para que le sea reconocida la prestación, el hogar debe tener unos ingresos totales inferiores a la renta garantizada para su tipo de unidad de convivencia. Además, para certificar que el IMV llegue a los hogares más vulnerables, se exigirá un patrimonio (descontando la vivienda habitual) inferior a 3 veces la renta garantizada anual para un hogar unipersonal, con una escala de incrementos por número de miembros en el hogar.
La prestación se percibirá mensualmente y se cobrará en 12 pagas. Se podrá solicitar a partir del 15 de junio, aunque, para las solicitudes presentadas en los tres primeros meses, se concederá con efectos retroactivos al 1 de junio. Además, durante el primer mes de vigencia de la prestación, se actuará de oficio para que se abone a unos 100.000 hogares que cumplen los requisitos, sin que sea necesario que la soliciten.
La pobreza en España
Más allá de esa pobreza extrema, en España un 26% de la población se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social según se recoge en el informe ‘El Estado de la Pobreza. España 2019 IX Informe anual sobre el riesgo de pobreza y exclusión’, realizado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Una población que puede verse seriamente afectada debido a las consecuencias económicas de la crisis sanitaria por la pandemia de la COVID-19. De hecho, en estos momentos, se estima que alrededor de 550.000 hogares padecen pobreza extrema en España, es decir, viven con ingresos inferiores a los 230 euros mensuales. “El IMV pretende sacar de esa situación de extrema gravedad al 80% de esos hogares aproximadamente”, aseguran desde el Ministerio.
Asimismo, la Encuesta de Condiciones de Vida que publica el Instituto Nacional de Estadística y que arroja datos como que el 10,4% de los hogares españoles experimenta “mucha dificultad” para llegar a fin de mes, que el 36% de los hogares no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos y el 34,2% no se pudo permitir ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año.