Austria aprobó una reforma laboral en 2003 que incluía un fondo de capitalización individual para cada trabajador porque no existían las indemnizaciones por despido. De esta forma, cada empresa aportaba una parte del salario bruto de sus trabajadores a sus respectivos fondos para que, en el caso de despido, éste pudiera acceder al fondo y las empresas no tuvieran que hacer frente a cuantiosas indemnizaciones.
La cuantía de esta «mochila» se invierte en busca de un rendimiento y también puede ser utilizada como complemento a la pensión pública de jubilación.
En España no es una figura ajena al debate político y social, aunque nunca ha llegado a implantarse. El Gobierno de José Luis Rodriguez Zapatero lo recogió en la reforma laboral del año 2010, pero se pospuso después de que un informe de una comisión de expertos concluyera que tendría un coste equivalente al 1% del PIB en ese momento, unos 10.000 millones de euros.
Este fondo de capitalización, que debería haber entrado en vigor en 2012, suponía la creación -sin aumentar las cotizaciones empresariales- de un depósito que podrían utilizar los trabajadores en supuestos de despido, de movilidad geográfica, para formación o para la jubilación.
También el PP incluyó la «mochila austríaca» en su programa electoral para las generales de 2011, aunque nunca tomó ninguna medida al respecto. En 2017 apoyó una iniciativa en el Congreso del PDeCAT para su puesta en marcha antes de 2020, pero tampoco tuvo un desarrollo posterior.
El Gobierno estudia implantarla para algunos sectores
El Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a poner ahora sobre la mesa la posibilidad de implantar este fondo de capitalización, más orientado a la jubilación que al despido y pensado sobre todo para sectores con mayor capacidad económica, como la banca.
Fuentes gubernamentales aseguran que el desarrollo de este modelo necesita un debate a largo plazo, dado que su implantación no es fácil y requiere de aportaciones empresariales, más allá de las cotizaciones pagadas a la Seguridad Social.
Por esta razón se ha pensado en la banca como uno de los posibles sectores para su implantación, dado que en esta actividad los empleados suelen contar con planes de pensiones de empresa, cuyas aportaciones podrían ir destinadas a la «mochila» y permitirían al trabajador tomar decisiones como la de jubilarse anticipadamente.
Los sindicatos, por su parte, temen que este modelo termine suponiendo un abaratamiento del despido y el fin del seguro por desempleo actual, mientras que la patronal tiene dudas sobre su financiación y los incentivos que disfrutarían las empresas a cambio de sus aportaciones.