El Gobierno reconoce que aproximar la edad real de jubilación en España, actualmente situada en 62,4 años, a la edad oficial, que en 2027 se situará en 67 años, es una medida necesaria para garantizar la suficiencia del sistema, si bien permitiría las jubilaciones anticipadas siempre que impliquen una mayor cotización.
En respuesta a las demandas planteadas por la AIReF esta misma semana, Granado cree que cerrar esta brecha en un año no significaría, en ningún caso, retrasar nuevamente la edad legal de retiro y puntualiza que modificar los requisitos de acceso a la jubilación anticipada, no debe ser aplicable a todos los trabajadores. «Apostamos por fórmulas que se apliquen por colectivos, no de forma taxativa a todo el mundo», ha afirmado durante un encuentro informativo. Para poder incrementar la edad de jubilación, el Gobierno prefiere reflexionar sobre la tasa de reemplazo, el porcentaje que representa la pensión sobre el último sueldo, e introducir incentivos para seguir trabajando y combinar la jubilación y la actividad laboral.
Respecto a la propuesta de la AIReF para extender el periodo de cómputo de años de vida laboral para el cálculo de la pensiones, pasando de los 25 años actuales a los 35 años, el Gobierno se muestra favorable y considera que no debería «producir efectos negativos».
En suma, la AIReF ha calculado que el impacto sobre el gasto de ambas reformas podría llegar a alcanzar los 2 puntos de PIB, cifra cercana al ahorro proporcionado por la implementación del IRP, minimizando a su vez el impacto en la tasa de cobertura.
El déficit es consecuencia de la crisis
El Gobierno rechaza, no obstante, que el actual déficit de la Seguridad Social sea estructural sino que cree que es consecuencia de la crisis económica. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha enviado a la AIReF con su opinión, en la que considera que el déficit de la Seguridad Social, que actualmente ronda los 18.000 millones (1,6 % del PIB), no tiene únicamente un carácter estructural, sino que le afectan también elementos coyunturales.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) aseguró que este déficit debería ser asumido por el Estado, y cerrar esta brecha, ya que visualizarlo como un problema del conjunto de las Administraciones Públicas (AAPP) permitiría reducir la incertidumbre existente respecto a la sostenibilidad de la Seguridad Social.
El impacto sobre el gasto de ambas reformas podría llegar a alcanzar los 2 puntos de PIB, cifra cercana al ahorro proporcionado por la implementación del IRP, minimizando a su vez el impacto en la tasa de cobertura. Además, cualquier reforma acordada debería contar con el máximo consenso político y social y debería aplicarse de forma gradual, para suavizar su impacto y permitir a los futuros pensionistas ajustar sus expectativas y adaptar sus decisiones de ahorro y trabajo a la nueva situación en un margen razonable de tiempo.
Por Fórmate a Fondo