La espiral inflacionista en la que estamos inmersos añade más incertidumbre a las cuentas de la Seguridad Social. Este año, el gobierno aprobó un nuevo mecanismo de revalorización de las pensiones a través del cual las pensiones quedan ligadas al IPC con el objetivo de mantener el poder adquisitivo de los pensionistas.
Según los últimos análisis elaborados por el Observatorio de Pensiones de WTW, el coste de la revalorización de las pensiones para 2023 puede superar los 12.300 millones de euros con un IPC medio del 7%, mientras que el efecto de la inflación sobre la recaudación por cotizaciones no está tan claro, ya que lograr aumentos salariales del 7% no parece una situación muy realista hoy.
Como apunta Rafael Villanueva, manager del área de Retirement en WTW España, con respecto al incremento del déficit por utilizar el IPC para definir las pensiones “Por cada punto de revalorización, el gasto en pensiones aumentará en unos 1.530 millones de euros. Para una revalorización del 7%, eso supone 10.710 millones. Hay que tener en cuenta que, además, esas cuantías se consolidan y hay que seguir pagándolas vitaliciamente”.
Con los datos actuales y los supuestos realizados por el Observatorio de Pensiones de WTW, el coste de la revalorización para 2023 se estima en 10.832 millones de euros. Esta estimación se refiere a la nómina de pensiones gestionadas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, con complemento a mínimos, complemento para la reducción de la brecha de género y otros complementos. No incluye gastos de gestión (no forman parte de la nómina), pensiones no contributivas (gestionadas por el IMSERSO) o pensiones de Clases Pasivas.
Desde Fedea prevén que el gasto público en pensiones a final de 2022 puede superar los 174.000 millones de euros, como suma de las pensiones contributivas y no contributivas de la Seguridad Social (153.800 y 2.600 millones de euros respectivamente) y las de clases pasivas (en torno a 18.000 millones de euros). Esta cantidad significa destinar a pensiones el 13,6% del PIB, 1,3 puntos más que antes de iniciar la pandemia.
«Las perspectivas para 2023 no son actualmente muy favorables. La ya conocida incertidumbre sobre la posibilidad de recuperar el nivel de actividad económica previa a la pandemia está acompañada de un fuerte crecimiento de los precios consecuencia del impacto de varias variables, entre las que se encuentra la invasión de Ucrania por Rusia. Los precios en España acumulan un aumento de 3,4 puntos hasta el mes de marzo, con una tasa interanual del IPC que se ha situado en el 9,8%», explican en el informe.
Unos datos que invitan al ahorro privado
Para Giorgio Semenzato, CEO y cofounder de Finizens, estas medidas, la vinculación de la revalorización de las pensiones al IPC, hacen aún más patente la necesidad de complementar la pensión pública con el ahorro privado.
Según explica, la jubilación y la viabilidad del sistema público es un tema recurrente. El progresivo aumento de la esperanza de vida y la disminución de la tasa de natalidad van complicando cada vez más la ecuación, generando un agujero en los fondos públicos que evidencia la insostenibilidad del sistema actual. “Desde Finizens, consideramos que con el IPC en esas cifras se debe impulsar sin más dilaciones el ahorro privado para tener cierta estabilidad”, valora.
En este sentido, el experto recomienda los productos de inversión indexada, como un instrumento que, en medio de la inestabilidad del sistema público de pensiones y la incertidumbre sobre si las medidas de la reforma serán o no efectivas, abren la posibilidad a los trabajadores para mantener o elevar su nivel de vida y disfrutar sin preocupaciones económicas cuando llegue su jubilación. “Lo más lógico debería ser no cargar todo el coste sobre las generaciones futuras, porque lo más probable es que no será suficiente para evitar que el sistema actual colapse definitivamente”, advierte.
Como medidas compensatorias fruto del previsible desajuste, Semenzato recomienda, sin duda, fomentar el ahorro privado orientado a la jubilación. “La última reforma del sistema de pensiones parece haber hecho justo lo contrario, al reducir sustancialmente los incentivos fiscales para los planes de pensiones individuales. En mi opinión, esta no es la dirección correcta. De hecho, de momento, lo único que se ha conseguido mediante la última reforma es ponerle una limitación a todos aquellos ciudadanos que estaban, sabiamente, aportando a su plan de pensiones privado. Hemos dado un paso atrás, cuando como sociedad necesitábamos tres pasos adelante”, critica.
El déficit contributivo de la Seguridad Social continúa corrigiéndose
Al haber desaparecido del cálculo los peores trimestres de la pandemia, el déficit contributivo de la Seguridad Social ha continuado corrigiéndose, explican desde el Observatorio de Pensiones de WTW. En este sentido, en las cuentas de la ejecución de diciembre de 2021 hay algunas partidas con importes que, en opinión de los expertos, parecen descompensados, como el gran aumento de las cotizaciones de desempleados o la partida de cuotas de cese actividad de sus beneficiarios, que habrá que ir analizando exhaustivamente durante las próximas semanas.
También sigue mejorando de forma clara el déficit por operaciones no financieras, debido principalmente a las mayores transferencias del Estado en respuesta a la primera recomendación del Pacto de Toledo. Los expertos del Observatorio de Pensiones de WTW indican que el importe de esta transferencia no aparece desglosado en la ejecución presupuestaria, pero en la nota de prensa del Ministerio se expresa que ésta, junto con la del Ingreso Mínimo Vital (IMV), ascienden a 16.945 millones de euros, por lo que, al descontar el pago del IMV, estaría alrededor de 15.020 millones de euros. Esta transferencia, junto con los préstamos del Estado por importe de 13.830 millones de euros son, a grandes rasgos, los orígenes de los fondos que financian el déficit contributivo y que implican trasladar el déficit de la Seguridad Social al Estado.
“El objetivo era que en 2023 desapareciera todo el déficit por operaciones no financieras, por lo que en 2022 veremos cómo aumentan más las transferencias del Estado para dar cumplimiento a las recomendaciones del Pacto de Toledo. De todas maneras, el cálculo del déficit contributivo se hace hoy más necesario que nunca para saber cuál es la situación real del sistema en su parte contributiva”, concluye Villanueva.