La esperanza de vida en España es una de las más altas del mundo. Viviremos más y con mejor salud, y eso es siempre una buena noticia, pero viene acompañada de numerosos retos que debemos abordar. Entre ellos, la sostenibilidad del sistema de pensiones, que fue diseñado en un momento en el que el contexto demográfico era totalmente distinto, con una esperanza de vida mucho más baja y una natalidad más alta.
El sistema del que gozamos ahora bebe del sistema de seguridad social que diseñó Otto Van Bismarck a principios del siglo XIX, cuando la esperanza de vida era de 40 años. En España, según explica José Antonio Herce, doctor en economía y fundador de LoRIS, a partir de datos del INE, en 1900, la esperanza de vida media a partir de los 65 era de 9,1 años. Por lo que poca gente llegaba a disfrutar de la pensión y además lo hacían por pocos años.
Ahora, la situación es radicalmente diferente y se juntan varios factores relacionados con la demografía. Tenemos una tasa de natalidad baja (y la previsión es que se mantenga así), una esperanza de vida que irá en aumento (cobraremos más años la pensión), con una fuerza laboral que disminuye (contribuyendo además con aportaciones más bajas) y un número de pensionistas mayor (y, además, durante más tiempo), tres factores que, según explica Pablo Tellería Barboza, Relación con inversores en inbestMe y Asesor Financiero Certificado EFPA, harán que mantener sostenible un sistema de reparto como el que tiene España sea una tarea realmente complicada.
España es, además, uno de los países donde la tasa de sustitución (porcentaje de pensión en relación con mi última nómina) es más alta. Según datos de Inverco, en 2021 se situó en el 74% (absorbido en su totalidad por el sistema público). La media de los países de la OCDE es del 57,6%.
Como consecuencia, el gasto en pensiones no ha dejado de aumentar en los últimos 20 años. De hecho, según analizan desde Cobas AM, el gasto de las pensiones se ha incrementado en más de un 160%. Al tiempo que el fondo de reserva, coloquialmente conocido como la hucha de las pensiones, casi se ha vaciado. Además, la hucha de los ciudadanos tampoco ha aumentado. A pesar de los retos, España es el segundo país de la OCDE en el que menos personas ahorran para su jubilación. Sólo el 15,9% de los españoles es partícipe de un plan de pensiones. Esta tendencia de incremento del gasto, según explica Tellería, al menos en el corto plazo, parece que se mantendrá.
A los factores comentados, Laura Núñez, directora del Observatorio del Ahorro Familiar (promovido por Fundación Mutualidad Abogacía y Fundación IE), añade que, además, hay un mayor número de personas que se incorpora al sistema como consecuencia de la llegada de la generación del baby boom a la jubilación y la incorporación de la mujer de esta generación al mercado laboral (en los últimos 15 años las altas netas a la seguridad social han crecido en más de un millón setecientas mil personas, un 56% de las cuales se deben a las mujeres). Otro de los factores que constituye al aumento del gasto es la retribución más elevada que reciben los jubilados que entran en el sistema con respecto a los que salen. “Durante los últimos 15 años esta diferencia se ha situado en media en los 214 euros, según los datos de la Seguridad Social”, explica la experta.
«Este contexto, unido a la situación compleja en la que se encuentran las economías tras dos crisis consecutivas en los últimos quince años, la del 2008 y la de la pandemia, y la actual invasión de Putin en Ucrania, limita el margen de maniobra de los estados para aumentar los ingresos públicos mediante impuestos o cotizaciones a la seguridad social. Por ello, resulta imprescindible ser consciente de la necesidad de ahorrar a nivel personal para garantizarnos una vejez solvente desde el punto de vista financiero», añade Núñez.
¿Qué medidas podrían contener el gasto y hacer el sistema sostenible?
Según señala Tellería, después de muchos años de políticas “erráticas”, no es fácil buscar una solución con efecto inmediato. “A eso, hay que sumar que los gobernantes intentarán esquivar la aplicación de medidas muy traumáticas para un sector de la población que (por demografía y alargamiento de la esperanza de vida), cada vez será mayor. Nadie quiere salir en la foto como el responsable de una medida drástica que puede hacer perder votos directos. Así que este aumento del gasto para pagar a los pensionistas irá a parar, por lo pronto, a los presupuestos del Estado (mayor presión fiscal al contribuyente y emisión de más deuda pública)”, apunta.
Para el experto, hacer sostenible el sistema seguramente necesitará de una combinación de medidas y un amplio consenso entre todas las partes implicadas, con el objetivo de reducir el gasto y aumentar los ingresos. “No es sencillo encontrar la solución “perfecta”. El problema es que muchas de esas medidas se deberían haber comenzado a implementar desde hace algún tiempo atrás. La visión sumamente cortoplacista de los gobernantes choca con un problema que requiere una mirada de largo plazo”, lamenta.
Respecto a las últimas medidas introducidas, Tellería señala que aumentar las pensiones con la tasa promedio del IPC en la situación inflacionista actual provoca un aumento directo en el gasto del sistema. Sin embargo, apunta que no hacerlo provoca una pérdida importante de poder adquisitivo para una franja de la población que no tendrá muchas opciones de incrementar sus ingresos. A su vez, los salarios en su gran mayoría no se verán incrementados en un 6% o 7% según la inflación. Por lo tanto, la recaudación en cotizaciones a la Seguridad Social no crecerá de la misma manera que el gasto para pagar las pensiones.
“Alargar la vida laboral (¡ojo!, no todos los tipos de trabajo pueden soportarlo) retrasa el momento de comenzar a cobrar la jubilación, pero si no se crea empleo nuevo, las generaciones jóvenes que vengan detrás tendrán más dificultad para acceder al mercado laboral. Si se “acumulan” muchas personas esperando encontrar un trabajo, se acabará aceptando ofertas con salarios más bajos (cotizaciones más bajas de nuevos trabajadores para pagar a un mayor número de pensionistas y que, además, vivirán más años)”, explica. Por lo que insiste en que no es fácil encontrar el equilibrio.
Por su parte, Fernando Ariza, director adjunto de Mutualidad de la Abogacía, reconoce que encontramos en un momento muy positivo, no por las previsiones, sino por el hecho de que se esté llegando a acuerdos como el Pacto de Toledo. “El diálogo entre agentes sociales resulta extremadamente positivo porque vendrá acompañado de medidas que nos ayudarán a ponerle fin a la situación de inmovilismo que arrastramos desde hace años. Y, por sí sola, esta ya es una gran noticia de partida”, apunta.
Ahora bien, aunque hasta ahora el debate público se ha enfocado en tratar de conjugar los principios de sostenibilidad del sistema con los de suficiencia y equidad de la pensión, una de las principales recomendaciones del Pacto de Toledo pasa por mantener, por Ley, la revalorización de las pensiones en base al IPC real. “Esta es una cuestión que no debemos discutir de forma aislada y puntual, pues todos estaremos de acuerdo en la importancia de mantener en el tiempo una pensión digna y equitativa. Sin embargo, dado que su financiación no está ahora mismo garantizada, la oportunidad real de la medida puede llegar a ser discutible, si esta no va acompañada de una reforma estructural del sistema que garantice su financiación y sostenibilidad en el largo plazo. Además, con la inflación actual, y la consecuente presión demográfica sobre el sistema, los gastos de la Seguridad Social se han disparado hasta récords históricos. Esto pone de manifiesto la imperiosa necesidad de seguir trabajando en las distintas formas de complementar la pensión pública”, reflexiona.