En la última década, los fondos de pensiones de Chile, Perú, Colombia, Brasil y México han realizado numerosas aportaciones a los fondos de private equity domésticos, desarrollando un ecosistema de inversión en la región. Pero comprender los obstáculos para asegurar los compromisos adquiridos en estos mercados representa un desafío continuo para las sociedades generales (General Partnership) conforme la regulación y la normativa continúa evolucionando, según apunta LAVCA, acrónimo de la asociación con más de 180 miembros que responde al nombre de Latin American Private Equity & Venture Capital, en su último resumen ejecutivo.
Mientras los fondos de pensiones de México y Brasil invierten principalmente en el mercado doméstico, Chile, Colombia y Perú han invertido miles de millones de dólares con gestoras de activos alternativos que han conseguido posicionarse en la región andina y crear relaciones en este nuevo universo de inversores institucionales. La reciente depreciación de las divisas locales, particularmente en el caso de Colombia, ha comprometido la capacidad de los fondos de pensiones a realizar nuevas inversiones en fondos denominados en dólares.
El mercado más desarrollado es Chile, donde el sistema de pensiones gestiona unos 182.000 millones de activos bajo gestión (miles de millones adicionales son gestionados desde un amplio conjunto de family offices). Las firmas internacionales que buscan captar capital deben crear un fondo local y trabajar con un agente colocador chileno, añadiendo tiempo y costes al proceso. Pero las normas son claras y no han cambiado demasiado en los últimos años, el país está reconocido como un mercado bien establecido y es frecuentado por conocidos gestores en un rango de estrategias.
En Perú, los límites de la captación de activos y la regulación del proceso de registro han cambiado de forma continua, confundiendo periódicamente a las sociedades generales internacionales. Hasta finales de 2014, las firmas offshore de private equity debían registrarse directamente con el órgano local regulatorio, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Pero desde 2015, en un esfuerzo por volcar la responsabilidad en los fondos de pensiones locales o AFPs, éstas deben someterse a un proceso de certificación oneroso (o autorización general) antes de que puedan realizar nuevos compromisos. La aprobación de nuevos fondos paralizó el año pasado el trabajo de las AFPs, por lo que los plazos han sido ampliados. La idea es que una vez la certificación esté completa, las AFPs tendrán una mayor autonomía a la hora de tomar decisiones de inversión.
Al mismo tiempo, la SBS peruana ha restructurado sus límites inversión, revisando el anterior límite del 3% para los compromisos internacionales, para crear compartimentos para cada uno de los perfiles de riesgo, esto ha aumentado los límites hasta el 20%, dependiendo del perfil de riesgo del fondo, para los compromisos domésticos y alternativas internacionales.
El sistema de pensiones de Colombia se encuentra entre los más sofisticados de la región y ha buscado la diversificación entre las estrategias de inversión alternativas y los mercados. Las normas y límites han cambiado también recientemente en Colombia. Hasta 2014 las AFPs podían comprometer el 7% de sus activos bajo gestión a private equity internacionales, a partir de abril de 2014 un nuevo compartimiento fue creado con un 7% adicional para proyectos de infraestructura doméstica.
En los últimos meses el sistema de pensiones de Colombia se ha enfrentado a uno de sus mayores desafíos con la depreciación del peso en un 29% frente al dólar, exponiendo a dos de las cuatro AFPs a sobrepasar su asignación en activos internacionales. Para resolver esta cuestión, en diciembre del año pasado, el gobierno colombiano presentó un borrador con una nueva regulación proponiendo fusionar las asignaciones domésticas e internacionales en private equity para crear un solo compartimento que abarque de un 10% a un 15%, dependiendo del nivel de riesgo del fondo. Sin embargo, a raíz de las proyecciones de la depreciación continuada del peso durante el 2016, parece poco probable que nuevos límites puedan solucionar de forma efectiva el conflicto para las AFPs.
Por Fórmate a Fondo
