2019 trae una de cal y una de arena para los jubilados españoles. Tras la pérdida de poder adquisitivo de los años 2016 y 2017 como consecuencia de una inflación superior al índice de revalorización de las pensiones aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy, que limitaba la subida al 0,25% mientras la Seguridad Social registrara déficit, llegan nuevos tiempos en los que las pensiones públicas subirán según la media del IPC interanual (de noviembre a diciembre). Así, a la subida ya prevista en los Presupuestos Generales del Estado de 2019 del 1,6% se sumará una paga única que los pensionsitas recibirán antes del 1 de abril del 0,1% que igualará la subida de las pensiones a la media del IPC de 2018 que se ha situado en el 1,7%.
Además, en 2019, continúa el aumento en la edad de jubilación requerida para que los nuevos jubilados puedan cobrar el 100% de su pensión pública. De esta forma, la edad de jubilación se sitúa en 65 años y ocho meses, salvo para aquellos que hayan cotizado al menos 36 años y nueve meses. La reforma, aprobada en 2016, seguirá aumentando esta edad de jubilación oficial hasta llegar a los 67 años en 2027, salvo para quienes acumulen 38 años y 6 meses de cotización. En este caso, sí podrán jubilarse a los 65 años.
Por último, sigue aumentando el número de años de la vida laboral que se utiliza para el cálculo de la pensión que en 2019 ya será de 22 años y que en 2022 quedará fijado en los últimos 25 años cotizados.
La jubilación anticipada
La jubilación anticipada también sufrirá modificaciones. Las nuevas normas retrasan la edad hasta los 63 años y ocho meses. Para acceder a este tipo de jubilación otro requisito que se suma será el de un mínimo de 35 años de cotización. Si el trabajador quiere acceder a esta jubilación antes de tiempo sufrirá penalizaciones, que le supondrán una disminución progresiva que puede ir desde el 2% de la base reguladora (si se han cotizado menos de 38,5 años) hasta el 1,625 (si se alcanzan más de 44,5 años cotizados).
Por otro lado, la jubilación forzosa también entra en juego. La nueva norma permite que se pueda fijar esta cláusula en convenios colectivos, siempre que el trabajador tenga derecho al 100% de la pensión ordinaria por número de años cotizados y le queden un mínimo de 4 años para alcanzar la edad legal de retiro.
Aplicación del factor de sostenibilidad
La esperanza de vida en España ya es de 83,09 años, esto supone que en tan solo 10 años ha aumentado en tres años y lo seguirá haciendo. Con una población más envejecida y menos nacimientos nuestro sistema empieza a tambalearse y fruto de este desajuste entrará en vigor esta nueva norma.
La aplicación de este factor supondrá un cambio en el cálculo de la pensión e introducirá nuevas variables. Además de las ya existentes como la edad de jubilación o los años cotizados, entrarán en la fórmula la esperanza de vida que exista en el momento de calcular la primera pensión del jubilado. Este nuevo factor se conoce como FEI (Factor de Equidad Intergeneracional) y se revisará cada cinco años.
Sin embargo esta nueva norma no entrará en vigor hasta 2023, el cual supone un año clave ya que será el año en el que los niños nacidos en el “baby boom” ya se convertirán en jubilados.