Una inmensa mayoría, el 86% de los expertos, directivos y empresarios que forman parte del panel de PwC en su Consenso Económico del tercer trimestre de 2017,un 86% cree que al sistema de pensiones actual no le quedan más de diez años de vida y un 42,5% cree que le quedan menos de cinco. Este informe, que la consultora elabora desde 1999, incluye en esta ocasión un monográfico sobre el futuro de las pensiones en España y la opinión de los panelistas es clara: el 63% asegura que el actual sistema de reparto no es viable y deberá ser sustituido por otro que garantice su sostenibilidad.
Cuando se les interroga sobre qué alternativas estiman más acertadas para garantizar la sostenibilidad del actual sistema público de pensiones, los panelistas señalan, por este orden, tres grandes medidas: considerar toda la vida laboral para el cálculo de las pensiones, la puesta en marcha de medidas fiscales adicionales que incentiven a la población a suscribir planes de pensiones privados como complemento de la pensión pública y retrasar la edad de jubilación, al menos, hasta los 70 años (salvo en algunos sectores, como la minería o la construcción).
En el caso de que se abandonara el actual sistema de pensiones en España, la opinión de los expertos, empresarios y directivos está dividida en dos partes casi iguales. Mientras un 38,7% estima que debería adoptarse un modelo mixto, de reparto y capitalización al mismo tiempo; un 35,6% apuesta por que las pensiones públicas se complementen con un sistema privado de carácter obligatorio para todos los ciudadanos.
En el hipotético caso de que se sustituyera al actual sistema público de reparto por otro de capitalización o mixto, el 36% de los panelistas considera que la transición debe ser obligatoria para los nuevos trabajadores mientras que los que ya estén en el sistema deben tener derecho a decidir libremente si siguen como están o se pasan al nuevo.
Un 43% cree que en España no existe una cultura financiera mínima en la población como para promover un sistema de capitalización
Pero hay dos cuestiones en la que coinciden mayoritariamente los panelistas del Consenso. La primera, que si se cambia el sistema público de pensiones, el Gobierno tiene la obligación de garantizar una pensión a todos los ciudadanos, cuya cuantía variará según hayan cotizado o no. Así lo afirma el 65%. Y la segunda, que la Comisión Parlamentaria de Pacto de Toledo, que está estudiando la cuestión desde finales de 2016, va a acabar en una serie de recomendaciones que permita conseguir los recursos necesarios para resolver el déficit del sistema durante los próximos años, pero en nada más -55,5%-.
Finalmente, en el debate sobre viabilidad de nuestro sistema de pensiones, el 55% de los encuestados considera que la UE debería tener un papel a la hora de fijar las características que deberían cumplir todos los países de la zona euro, pero no fijar el sistema en sí.
Por Fórmate a Fondo