El goteo de noticias relacionadas con la reforma del sistema de pensiones no cesa. Una de las últimas ha sido la posible creación de una cotización adicional para hacer frente al reto que supone la jubilación en masa de la generación más numerosa y que, además, tendrá pensiones más altas, la del babyboom. Este acontecimiento llega en un momento delicado para las cuentas de la seguridad social, por ello, el gobierno ha planteado esa solución.
La propuesta invita a crear una cotización adicional del 0,6% entre 2023 y 2032, y establecer una revisión trienal desde 2032 para analizar el gasto en pensiones con relación al PIB y tomar medidas adicionales si fuera necesario, con el objetivo de abordar particularmente este reto. Este porcentaje se repartirá entre las empresas y los trabajadores, el 0,5% correrá a cargo de las empresas y el 0,1% del trabajador. La propuesta se aprobó ayer con la negativa de la patronal.
En la última de sesión de control al Gobierno, Pedro Sánchez ha defendido que el mecanismo de equidad intergeneracional supone un esfuerzo mínimo para empresarios y trabajadores. «Para un salario bajo es un euro al mes y para uno alto son dos euros y medio al mes». El presidente ha añadido que con este esfuerzo se va a llenar la hucha de las pensiones, garantizar su revalorización conforme al Índice de Precios al Consumo y blindar el sistema público.
Este sistema de equidad intergeneracional viene a sustituir al factor de sostenibilidad de 2013, un mecanismo que nunca llegó a aplicarse. Ambos comparten el mismo objetivo, hacer las pensiones sostenibles, pero por diferentes vías. El factor de sostenibilidad hubiera ajustado, para los nuevos pensionistas, el importe de la pensión de jubilación en función la variación esperanza de vida de la generación de cada nuevo pensionista con relación a la esperanza de vida de la generación anterior.
Algunos profesionales del sector señalan que la medida propuesta por Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, genera dudas. Para Gregorio Gil de Rozas, director del área de Retirement de Willis Towers Watson (WTW) en España, y Rafael Villanueva, manager del área de Retirement, la primera tiene que ver con el alcance de la medida. Recuperando estimaciones de Enrique Devesa, miembro del Observatorio de las Pensiones de Willis Towers Watson, la recaudación anual de esta medida, teniendo en cuenta la base media de cotización a la Seguridad Social, rondaría los 1.700 millones de euros. “En el periodo total de 10 años, unos 17.000 millones de euros, lo que supone menos de dos nóminas mensuales de pensiones de la Seguridad Social (10.251 millones en octubre de 2021, de los cuales 7.389 correspondieron a pensiones de jubilación)”, calculan.
Por otro lado, señalan que podría afectar a la contributividad del sistema, dado que esta cotización adicional no generaría nuevos derechos de pensión. Por tanto, según explican, los trabajadores estarían incurriendo en un “gasto” adicional que no les reportaría una prestación superior. Adicionalmente, alertan de que puede cuestionar el pacto intergeneracional de las pensiones. “Se exige un esfuerzo adicional, no reflejado en futuros derechos, a todos los trabajadores, con el foco de reforzar la hucha de las pensiones ante el reto de una generación concreta: los baby boomers”, apuntan.
Desde el punto de vista macro, los expertos de WTW indican que supone además un incremento de los costes laborales, en un entorno de incertidumbre sobre la recuperación y de creciente competitividad global, pudiendo impactar directamente sobre la creación de empleo.
“En conclusión, por su alcance de recaudación y su carácter temporal, parece más una “patada al frente” que una medida que realmente pueda ayudar al reto demográfico. El sistema sigue necesitando una reforma más estructural que coyuntural, y en todo caso establecer medidas de ajuste gradual y automático que permitan absorber de forma lo menos traumática posible el impacto. En este sentido, parecen medidas más eficientes de cara a la reducción gradual del déficit y para abordar el reto de la longevidad aquellas como el derogado Factor de Sostenibilidad, que ajustaba gradualmente la cuantía de la pensión de los nuevos jubilados a la evolución de la esperanza de vida”, apuntan los expertos de WTW.
¿Qué elementos debería tener en cuenta este mecanismo?
Desde BBVA insisten en que el mecanismo debería vincular automáticamente la edad ordinaria de jubilación a la evolución de la esperanza de vida para cada grupo de edad. Concretamente, a la esperanza de vida restante al llegar a la edad de jubilación. “Si la esperanza de vida se ha incrementado en 1 año respecto al periodo de medición anterior, la edad de jubilación debería incrementarse en 1 año. Si la esperanza de vida se redujese, se reduciría la edad de jubilación en esa misma fracción de tiempo, manteniendo un umbral mínima de edad legal de jubilación”, explican desde su blog Mi Jubilación.
Además, consideran que la fórmula de cálculo no debería ser igual para todo el universo de trabajadores, sino que debería tener en cuenta las diferentes situaciones, casuísticas y casos especiales. Asimismo, defienden mayor libertad y flexibilidad a la hora de jubilarse. “En este mecanismo, el efecto principal vinculado al incremento de la esperanza de vida debería ser el incremento automático de la edad de jubilación. Pero los trabajadores deberían, alternativamente al anterior, poder elegir la opción de jubilarse sin que se les aplique ese retraso en su edad ordinaria de jubilación, a cambio de un ajuste (actuarial) en el importe de su pensión”, señalan.
Estas medidas, que podrían suponer un retraso de la edad de jubilación, deberían ser compensadas, según los expertos de BBVA, con políticas públicas de activación del empleo senior, para garantizar el mantenimiento en el mercado laboral de esos trabajadores veteranos, así como de formación profesional.