Se prevé que para finales de este año el “Anteproyecto de Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones” entre en vigor. Este documento recoge el primer paquete de medidas para reformar las pensiones públicas, entre los que se encuentra una nueva norma con la que la que la revalorización de las pensiones quedará ligada al IPC (Índice de Precios de Consumo).
“El nuevo mecanismo prevé que el 1 de enero de cada año se incrementarán las pensiones de acuerdo con la inflación media anual registrada en el ejercicio anterior. En el caso de que se produzca un año de IPC negativo, la cuantía de las pensiones quedará inalterada”, explica José Manuel Jiménez, director del Instituto Santalucía.
Para el experto, la parte positiva es que los pensionistas no perderán poder adquisitivo y en todo momento sus pensiones se incrementarán con el crecimiento de la inflación. Por otro lado, señala que los contras con respecto a la situación actual es que aumentarán los gastos del sistema, con un déficit existente estructural y con ausencia de ingresos adicionales.
El IPC es un indicador que mide la variación de los precios de una cesta de bienes y servicios. Si el IPC es positivo, el IPC ha crecido y, por tanto, el coste de la vida. Cabe destacar que el IPC y la inflación no son lo mismo, pero el IPC se usa, generalmente, para estimar la inflación.
Durante los últimos meses muchos titulares han hecho referencia a la subida de precios y la inflación. “La inflación ha experimentado una subida significativa, principalmente como consecuencia de los precios vinculados a la energía, ya que el precio de la luz ha batido récords y también se han incrementado los precios del gas natural y de otros combustibles. En la actualidad, nos encontramos en el nivel más elevado desde octubre de 2012 y todas las instituciones han revisado al alza sus previsiones para 2021 y 2022 por lo que parece que el encarecimiento del nivel de vida no va a limitarse a este año”, advierte Pilar Sánchez Iglesias, directora Previsión Social de IDEAS S.A. y vocal de la Junta de Gobierno de Ocopen.
¿Qué ocurre si el IPC es negativo?
Uno de los matices más criticados de esta fórmula es que en el caso de que el IPC sea negativo las pensiones no bajarán, permanecerán inalteradas. Respecto a esta medida, Pilar Sánchez recuerda que ya hemos asistido a escenarios con inflaciones negativas y es posible que volvamos a encontrárnoslos. De ser así los pensionistas no experimentarán cambios en su pensión. Por lo tanto, según explica, los pensionistas verán incrementar su poder adquisitivo ya que sus pensiones crecerán más que el coste de la vida.
“Por lo que, aunque el nuevo sistema de revaloración se caracteriza por ser justo con los pensionistas podríamos asistir a una situación de enriquecimiento injusto no solo por el aumento del nivel de vida de los pensionistas en sí mismo sino también en comparación con los trabajadores en activo, los cuales difícilmente verán incrementarse sus salarios en años de inflaciones negativas”, explica Pilar Sánchez.
“Se podría mejorar ya que el sistema es asimétrico, crece cuando crece el poder adquisitivo, pero se mantiene a cero en caso de IPC negativo, como ocurrió en 2014 o 2020, por lo que en esos casos se ganaría capacidad adquisitiva”, añade José Manuel Jiménez.
Cómo se revalorizaban hasta ahora las pensiones
El nuevo mecanismo de revalorización de las pensiones sustituye al que fue incorporado en 2013, el Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones (IRP). Un índice que ha sido el motivo fundamental de las protestas y manifestaciones que han realizado durante varios años los pensionistas.
Según explica Pilar Sánchez Iglesias, el IRP se calculaba a partir de varios factores entre los que se encontraba el importe de los ingresos y de los gastos del sistema de la Seguridad Social y se garantizaba una revalorización mínima del 0,25% y una máxima del IPC más el 0,5%. “Dada la situación de las cuentas de la Seguridad Social y su impacto en el cálculo el IRP hemos asistido durante varios años a una revalorización del 0,25% que era, obviamente, el motivo de queja de los pensionistas que veían que el poder adquisitivo de sus pensiones no paraba de disminuir”, relata.
Ahora, la revalorización se realizará al comienzo de cada año de acuerdo con la inflación media registrada en noviembre del ejercicio anterior y el mismo porcentaje de revalorización se aplicará al importe de la pensión mínima y también a las pensiones de clases pasivas. Además, tal y como explica Sánchez, esta revalorización se realizará de forma automática, sin que sea necesario incluirla cada año en los Presupuestos Generales del Estado.
“Podríamos pensar que estamos asistiendo a un importante cambio en las prioridades del sistema ya que con la reforma de 2013 se pretendía alcanzar la salud financiera del sistema y con la modificación actual se da mayor relevancia al poder adquisitivo de las pensiones, de forma que los “pros” de un sistema se convierten en los “contra” del otro. En definitiva, esa modificación es muy positiva para los pensionistas siempre que sea posible mantener este ritmo de revalorizaciones en el futuro dada su importante repercusión en la sostenibilidad financiera del sistema”, reflexiona la Pilar Sánchez.
En este primer paquete de reformas también se incluían modificaciones que pretenden acercar la edad real a la edad legal de jubilación. “Estas medidas son las que pretenden dar la sostenibilidad al sistema público de pensiones y con la idea de conseguir este objetivo, se han acordado una serie de medidas que pueden suponer importantes reducciones en las futuras pensiones de jubilación”, explica.
El dilema entre la sostenibilidad y la suficiencia
“Mantener el poder adquisitivo de los jubilados siempre es positivo. La cuestión es buscar soluciones en paralelo para que no exista déficit estructural del sistema a largo plazo. Esta medida va encaminada en mejorar la suficiencia de las pensiones, pero la premisa básica del sistema de pensiones es que sea sostenible a largo plazo, por lo que se deberían buscar soluciones para ello en paralelo a estas otras medidas”, apunta José Manuel Jiménez.
Pilar Sánchez insiste en que es fundamental recordar que el garantizar la sostenibilidad del sistema a medio y a largo plazo debe ir acompañado necesariamente de garantizar pensiones suficientes para mantener un nivel de vida digno tanto a los actuales pensionistas como a los futuros. “Aquí se encuentra la esencia de la cuestión ya que parece tratarse de una medida que para ser socialmente justa con los actuales pensionistas necesita no serlo con los futuros pensionistas”, añade.
“Personalmente me parece increíble que la sostenibilidad y la suficiencia se planteen como dos variables sobre las que es necesario elegir y por eso es importante resaltar que suficiencia y sostenibilidad son dos objetivos absolutamente necesarios y no excluyentes”, añade.
En este sentido, la experta señala que es necesario implantar medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones y espera que sean consideradas en la segunda fase de la reforma ya que “desde 2011 todas las reformas han priorizado la sostenibilidad de sistema lo cual representa indudablemente un descenso del nivel de vida de los futuros pensionistas”, argumenta.
Para atajar el problema, Sánchez plantea fijarse en los cambios estructurales que están implantándose en otros países que buscan combinar las ventajas de los sistemas de reparto y las de los sistemas de capitalización, dotando al sistema de una gran transparencia.