Ahora que el Gobierno ya ha echado a andar, una de las principales inquietudes es qué pasará con la reforma de las pensiones. José Luis Escrivá, actual ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, hasta ahora el presidente de la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), será una de las figuras que más protagonismo tomará a la hora de decidir el futuro del sistema.
Se trata de un nombramiento que Santiago Satrústegui, presidente de Abante, ha alabado: “ha sido un acierto del Gobierno optar por un perfil técnico y menos político para ayudar a solucionar el problema de las pensiones”.
En este sentido, para Roberto Pereira, presidente de Economistas Asesores Laborales (EAL), una de las mayores encrucijadas por resolver es la urgencia de retomar el Pacto de Toledo. “Es algo decisivo, todas las decisiones que afecten al futuro de las pensiones deberían ser resueltas en esta comisión con el compromiso de todas las fuerzas políticas para que esto no se convierta en un tema de ida y vuelta”, ha señalado.
Asimismo, ha recordado cómo las últimas negociaciones fracasaron por el abandono de Unidas Podemos. “Estaba casi todo cerrado y su fuga hizo que todo el trabajo previo quedase en nada”, añade. “Ahora pensamos que, de alguna forma, Unidas Podemos irá en la misma dirección que el PSOE lo que nos lleva a pensar que sería posible que en breve hubiese un acuerdo global y de una vez por todas se cerrase el compromiso futuro de este pacto de las pensiones, salvo que ahora aparezcan nuevas posiciones por parte de los partidos políticos que están en la oposición”, ha concluido el experto.
Por su parte, Guillermo Santos Aramburo, socio de iCapital, considera que habrá pocos cambios de importancia en materia de pensiones. “Espero dos cambios, uno con respecto a la fórmula de actualización y el número de años para su cómputo (ampliándolo lo que reduciría su importe). Por otro lado, la variación del modelo de pensiones en España hacia la “mochila austriaca” (individualización de cotizaciones de cada trabajador) o un sistema mixto público-privado no se espera que sea afrontada por el nuevo Gobierno”, detalla.
Para José María Luna, socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales, el principal inconveniente está en que no se está abordando el problema. “No se incentiva la natalidad ni los puestos de trabajos bien remunerados, si se mal paga o destruye empleo, ¿cómo esos sueldos van a sustentar las pensiones?”, señala el experto. “No se trata de un problema de este Gobierno, si no de todos los partidos y no debe politizarse”, aclara.
Según Luna, nunca llegaremos a la situación en la que no se cobrarán pensiones, pero sí a aquella en la que tendremos que derivar presupuesto de otras áreas a pagarlas. Asimismo, ha señalado la importancia de mantener a la población informada, “es un sistema solidario y a la gente le falta mucha información al respecto”, ha concluido.
Respecto a la aprobación de la subida de las pensiones del 0,9% y la subida del 2% del sueldo de los funcionarios. Alvise Lennkh, responsable de análisis soberano de Scope Ratings, ha señalado que le preocupan las implicaciones presupuestarias y laborales de este Gobierno.
“Se espera que el aumento de las pensiones del 0,9%, en línea con la inflación y, por tanto, del 0,65% por encima del aumento legalmente vinculante del 0,25% (IRP), tenga un impacto presupuestario de alrededor de 1.400 millones de euros en 2020, mientras que el anunciado aumento de los salarios de los funcionarios públicos del 2% podría tener un impacto presupuestario de alrededor de 3.300 millones de euros. Es probable que la combinación de ambas medidas aumente el déficit presupuestario alrededor del 0,4% del PIB”, ha señalado.