La inflación es un elemento que con frecuencia se suele obviar en procesos de ahorro e inversión, cuando es una variable que tiene un enorme impacto, especialmente en el medio y largo plazo. Se habla de inflación cuando se produce un aumento generalizado de los precios que no se limita a determinados artículos. Como resultado, pueden adquirirse menos bienes y servicios por cada euro, es decir, cada euro vale menos que antes. Es decir, el efecto de la inflación nos va “empobreciendo” paulatinamente.
En España la referencia principal a la hora de medir la inflación es el conocido como Índice de Precios al Consumo (IPC). El IPC es una medida estadística de la evolución de los precios de los bienes y servicios que consume la población residente en viviendas familiares en España.
Los pensionistas de jubilación son un colectivo que lógicamente tampoco escapa de los efectos de la inflación. El aumento de los precios que se registra anualmente puede hacerles perder poder adquisitivo si la revalorización anual que experimenta su pensión es inferior a la tasa de inflación.
Históricamente la revalorización de las pensiones estaba ligada a la evolución del IPC. La reforma de 2013 cambió la manera de calcular la revalorización de las pensiones, para introducir variables relacionadas con la salud de las cuentas de la Seguridad Social, para tratar de garantizar el equilibrio presupuestario. La nueva fórmula se conoce como Índice de Revalorización de las Pensiones y arrojará un resultado todos los años comprendido entre el 0,25% (mínimo asegurado independientemente del resultado real de la fórmula) y el IPC + 0,50%.
¿Qué va a suceder en los próximos años?
Las proyecciones sobre ingresos y gastos de la Seguridad Social, evolución demográfica, cuantía media de la pensión del sistema y evolución del número de pensionistas arrojan un claro resultado: la situación en los próximos años no va a permitir revalorizaciones anuales de las pensiones superiores al mínimo del 0,25% que marca la ley, según apunta desde el Instituto BBVA Pensiones. Esto quiere decir que los jubilados verán caer el poder de compra de sus pensiones en tanto en cuanto la inflación exceda el 0,25% anual. Esto ya ha sucedido: la inflación de 2016 cerró en el 1,6%, mientras que la revalorización de las pensiones se limitó al 0,25%. Por tanto, la pérdida de poder adquisitivo asciende al 1,35%.
Teniendo en cuenta que una tasa de inflación normalizada según criterios del Banco Central Europeo se sitúa en el 2%, la pérdida de poder adquisitivo anual de los pensionistas a lo largo de los próximos años sería del 1,75%.
Además, según apunta la consultora Willis Towers Watson, una de las medidas tomadas por el Gobierno para reducir el déficit de la Seguridad Social ha llevado a incrementar la base de cotización máxima de los trabajadores muy por encima de lo que ha aumentado la pensión máxima, lo que amplía la brecha entre lo que se cotiza y lo que se percibe, una tendencia que tenderá a mantenerse en los próximos años.
Por Fórmate a Fondo