La Unión Europea ha llegado a un acuerdo tildado de histórico. Con el objetivo de responder a los estragos que ha causado el coronavirus, la UE ha creado un fondo de recuperación de 750.000 millones de euros. Asimismo, se ha aprobado el marco financiero para 2021-2027 con 1,074 billones de euros.
La principal novedad es que este fondo supone una emisión de deuda conjunta con la que se financiarán iniciativas para reactivar la economía. Los estados miembros podrán acceder al fondo a través de dos fuentes, los créditos, que suponen 360.000 millones euros, y a través de subvenciones, que reúnen 390.000 millones de euros.
Para que los Estados puedan acceder al dinero tendrán que enviar a Bruselas un plan de reforma, los cuales deben integrar las recomendaciones específicas que se le han hecho a cada país.
Una de las recomendaciones que se le ha hecho a España, que recibirá 140.000 millones, incluye una revisión del sistema de pensiones. Actualmente, el sistema español se enfrenta a varios desafíos como una sociedad más longeva, la jubilación del babyboom (la más numerosa y con salarios más altos), un gasto en pensiones del 11% del PIB, un porcentaje superior al de la media de los países de la OCDE (7,5%) o el déficit de las pensiones que podría alcanzar el 5% del PIB, 60.000 millones de euros.
La principal recomendación de la Comisión Europea (CE) es que España aumente la solidaridad intergeneracional. Según reza el documento europeo, en 2019, España era el estado miembro cuya asignación familiar por hijo media era la más baja.
Ante este dato, la Comisión Europea señala que los gastos en prestaciones sociales estando muy orientados hacia las personas de más edad y, si las desviaciones con respecto a la reforma de las pensiones de 2013 pasan a ser permanentes y no se toman medidas compensatorias, se prevé un aumento significativo del nivel de gasto en pensiones a medio o largo plazo.
Las reformas de 2013, introdujeron el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), que por primera vez desvincula el crecimiento de las pensiones del Índice de Precios al Consumo (IPC), y el factor de sostenibilidad, que liga la cuantía de la pensión a la esperanza de vida en cada momento.
Un paso hacia la solidaridad intergeneracional
“La difícil situación económica y social resultante de la pandemia más bien aboga por una solidaridad intergeneracional en favor de las generaciones más jóvenes”, expresa el documento.
La prestación de desempleo destinada a los desempleados de larga duración y a los trabajadores que no pueden optar a regímenes contributivos está actualmente dispersa en una multitud de regímenes, lo que se traduce en una baja cobertura.
Asimismo, los regímenes autonómicos de renta mínima en vigor solo llegan al 20% de sus beneficiarios potenciales en el país, existiendo grandes disparidades entre Comunidades Autónomas en términos de cobertura, duración, condiciones de acceso y adecuación.
Los tres cambios que se proponen
Desde la capital europea se han propuesto tres cambios en nuestro sistema de pensiones: acercar la edad de jubilación real a la legal, desvincular las pensiones de la inflación y reducir la tasa de reemplazo.
Respecto a la inflación, la Comisión cree que esta medida, a falta de medidas compensatorias adecuadas, aumentaría significativamente el gasto en pensiones a medio y largo plazo y empeoraría la equidad intergeneracional.
Según estiman, la vinculación de las pensiones a la inflación podría dar lugar a un aumento del gasto en pensiones de aproximadamente el 4% del PIB para 2050. Esta estimación se acerca a las proyecciones realizadas por el Banco de España, el FMI y el grupo de reflexión FEDEA, pero se sitúa por encima del 2% del PIB previsto por la AIReF.
Estas tres propuestas son puras recomendaciones ya que, tal y como aclara, Isabel Casares, secretaria general de Ocopen, «el plan de recuperación de la UE nos dice “qué” tenemos que cumplir, pero no “cómo” hacerlo”.
Según relata, el problema de la sostenibilidad del sistema de las pensiones en España ya lo teníamos antes del COVID-19, por lo que considera que es importante buscar los mecanismos y reformas necesarias para solucionar dicha situación de nuestro sistema que sean aceptados por Bruselas pero que no nos generen una peor situación de sostenibilidad de nuestras pensiones presentes y futuras. “Estamos obligados a establecer un análisis de sensibilidad del impacto que resultaría en España las variaciones en el índice de la revalorización de las pensiones, las modificaciones en los importes de las bases de cotización, la revisión de la edad de jubilación y que a su vez garanticen un nivel adquisitivo justo para los pensionistas», concluye.