La Asociación Española de Banca considera que la creación de un nuevo impuesto sobre el sector financiero para financiar las pensiones no solo no es una solución adecuada sino que es injusta y conllevaría efectos colaterales perjudiciales para la economía española.
En este sentido, la patronal bancaria opina que no resulta razonable hacer recaer las necesidades de ingreso adicional del sistema de pensiones sobre un único sector empresarial, y destaca que la ponderación en la economía y en los beneficios empresariales es en torno al 3%. «Si la solución a este problema requiere aumentar los ingresos públicos, todos los agentes deben contribuir a sufragarlo de manera equitativa», defiende la AEB en un comunicado.
La banca argumenta que el incremento de la carga tributaria del sector financiero generaría, además, una desventaja competitiva a nivel europeo, y supondría un obstáculo al relevante papel que desempeña este sector en términos económicos y sociales, con especial incidencia en lo que hace a su contribución al empleo y al desarrollo de la actividad económica a través de la concesión del crédito.
La AEB recuerda que la banca «ha realizado considerables esfuerzos en el pasado para facilitar el cumplimiento de los objetivos de déficit público y que, además, su contribución al sostenimiento del gasto público ya es superior a la de otros sectores de actividad».
La Asociación se refiere a la existencia, entre otras medidas, de un tipo impositivo incrementado en el Impuesto sobre Sociedades, un Impuesto sobre Depósitos de Entidades de Crédito o las cuotas del IVA soportado no deducibles.
Además, se destaca la introducción de diversas exigencias a nivel europeo para reforzar la solvencia del sistema financiero, entre las que destacan las contribuciones al Fondo de Garantía de Depósitos y al Fondo de Resolución. «El establecimiento de un impuesto sectorial supondría un sobrecoste adicional que haría aún más difícil acceder al mercado de capitales. Por último, el establecimiento de un gravamen singular sobre el sector podría tener unos efectos recaudatorios inferiores a los pretendidos y, sin embargo, afectar de forma muy negativa a la solvencia del mismo», concluye la AEB.