Las medidas publicadas por la Administración Pública en el borrador del Anteproyecto de Ley de “garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones” en España muestra importantes efectos que «empeorarán la sostenibilidad del sistema público de pensiones», según un análisis realizado por el Observatorio de Pensiones de Willis Towers Watson (WTW).
Entre estos efectos se encuentra la «importante asimetría» que introduce el anteproyecto respecto al cálculo de la pensión de las jubilaciones anticipadas, difícil de entender si el objetivo es reducir la regresividad del actual sistema ya que la fórmula de cálculo que incluye penaliza a las jubilaciones voluntarias, dejando sin cambios el cálculo de las no voluntarias.
Asimismo, el equipo de WTW señala que se sobrevalora el impacto del aumento de la edad efectiva de jubilación sobre el gasto en pensiones ya que un aumento generalizado de la edad efectiva de 1 año sólo supone un ahorro estimado del 1,8% del gasto en pensiones. Si el aumento sólo afectara a las jubilaciones anticipadas, como parece más realista, se produciría incluso un mayor gasto.
Un aumento motu proprio de la edad efectiva sin aumentar la edad legal no tendría efectos relevantes sobre el gasto en pensiones medido en valor actual actuarial. El ahorro de gasto en términos de VAA (Valor Actual Actuarial) sería de un 5,69% si se diera el incremento de la edad legal en lugar de en la edad efectiva de jubilación.
Según los expertos de la firma, la reforma actuarialmente más justa de los coeficientes reductores para alcanzar la neutralidad debería situarse en el entorno del 0,5% mensual. Otras propuestas que están apareciendo en el debate, como la de eliminar los coeficientes reductores con más de 40 años cotizados, la propuesta de coeficientes reductores variables del Anteproyecto o la de aplicarlos tras limitar la pensión máxima, se alejan -aún más- de lo que sería un tratamiento actuarialmente más justo.
En cuanto a la jubilación demorada, el equipo considera que aproximarse a la equidad actuarial llevaría a establecer coeficientes aumentadores del 0,6% por mes de demora (7,2% por año), en paralelo a la anterior propuesta de coeficientes reductores mensuales del 0,5% para la anticipada. Actualmente, existe otra asimetría importante entre la normativa de la jubilación anticipada y demorada, algo que debería corregirse. La propuesta del Anteproyecto mejora la situación actual de la demorada, al elevar la bonificación al 4% por año y hacerla independiente de los años cotizados, pero se mantiene en un nivel muy por debajo del actuarialmente justo y sólo se aplica sobre años completos de demora en lugar de sobre meses.
Como explica Enrique Devesa, integrante del Observatorio de Pensiones de Willis Towers Watson, profesor de la Universidad de Valencia y miembro de Instituto de investigación económica IVIE, “en el borrador del Anteproyecto de ley se modifican los coeficientes reductores por anticipar la jubilación, los coeficientes aumentadores por retrasar la jubilación y la forma de cálculo de las pensiones anticipadas voluntarias, pero no las correspondientes a no voluntarias. Además, alguna de las medidas en las que se está trabajando persigue también un efecto redistributivo por considerar que el cálculo de la pensión en el caso de la jubilación anticipada, en su configuración actual, es regresivo. Es fundamental que se eviten asimetrías y se introduzcan coeficientes reductores actuarialmente justos”.
El déficit contributivo anual de la Seguridad Social sigue empeorando
Los últimos análisis del Observatorio de pensiones de Willis Towers Watson muestran que el déficit contributivo anual de la Seguridad Social sobre el PIB ha seguido empeorando en el primer trimestre de 2021, respecto al trimestre anterior, debido a la lenta recuperación de los efectos de la crisis de la COVID-19. Como explica Rafael Villanueva, manager del área de Retirement de Willis Towers Watson, “El déficit contributivo anual del Sistema de la Seguridad Social sube al 2,88% del PIB, mientras que el déficit por operaciones no financieras se sitúa en el 1,43% tras el primer trimestre de 2021. De cara a los próximos trimestres se espera que empiece a corregirse parcialmente si no se producen rebrotes importantes en la crisis sanitaria. Con todo, la corrección del déficit no será completa porque una parte de la mejoría será absorbida por la salida de los ERTE y no por la creación de empleo nuevo, siendo difícil bajar del 2% a final de año”
El déficit por operaciones no financieras también ha empeorado, aunque está previsto que las transferencias del Estado aumenten durante el año, dando respuesta a la primera recomendación del Pacto de Toledo, trasladando el déficit de la Seguridad Social al Estado. En este sentido, está previsto que el Estado absorba todo el déficit de la Seguridad Social en el horizonte de 2023. Esto supone explicitar lo que ya viene ocurriendo desde que se agotó el fondo de reserva, financiar el déficit contributivo mediante préstamos o transferencias extraordinarias del Estado.
Así pues, en el futuro iremos viendo cómo va desapareciendo el déficit por operaciones no financieras pero no ocurrirá lo mismo con el déficit contributivo. “La ciudadanía debe conocer los efectos de esta recomendación, que consiste en trasladar el esfuerzo que deberían hacer los participantes en el sistema de pensiones a toda la sociedad, la cual deberá hacer frente con impuestos presentes o futuros (en la parte que se recurra al endeudamiento) al desequilibrio del sistema” destaca Rafael Villanueva.
El IRP adelantado para 2022 se sitúa en el -0,51%
Enrique Devesa explica que el análisis macro del sistema de pensiones arroja también que “el IRP adelantado para 2022 lleva al -0,51%, bastante mejor que el del -1,36% de 2021. Esto indica una mejor situación financiera del sistema de pensiones español debido a las transferencias extraordinarias del Estado, primero para compensar los efectos económicos asociados a la Covid-19, y en 2021 como mandato del Pacto de Toledo”. Esta mejora del IRP no es incompatible con el aumento del déficit contributivo, ya que éste no tiene en cuenta las transferencias.
Las recomendaciones del Pacto de Toledo conocidas a final de 2020 plantean la vuelta al IPC como indicador para revalorizar las pensiones, lo que aparece reflejado en el borrador del Anteproyecto de Ley de “garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones”. Cuando se apruebe esta Ley, el IRP quedará derogado legalmente.
Para el Observatorio es importante destacar que el nuevo método de revalorización de las pensiones supone un cambio de paradigma, ya que el instrumento para equilibrar el sistema de pensiones, según el Pacto de Toledo, dejará de ser la revalorización de pensiones y pasará a ser la aportación del Estado vía transferencias, lo que supone simplemente un cambio interno de localización del déficit, pasando de la Seguridad Social a la Administración General del Estado.
Las medidas para equilibrar el sistema de pensiones quedarán así insertadas dentro de las medidas para equilibrar las finanzas públicas en general. “No obstante, seguiremos calculando el déficit contributivo ya que creemos que los impuestos deberían servir para pagar gastos no contributivos, ligados a la solidaridad o justicia social, y no a pagar gastos contributivos, lo que llevaría, en última instancia, a un sistema fiscal más regresivo”, aclara Enrique Devesa.