El 90% de los españoles asegura que planificaría mejor su jubilación si recibiera información de forma anticipada por parte del Estado sobre la pensión pública estimada que percibirá en su jubilación. Así lo indica el «Estudio sobre la jubilación y la importancia de saber», realizado por Inverco, la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones.
El estudio concluye también que un 95% de los ciudadanos considera que conocer esta información debe ser un derecho y que el Estado debe encargarse de enviar esta documentación a los ciudadanos. Además, un 62% cree que debería realizarse con una periodicidad anual.
En 2011 se aprobó una Ley que obliga a la Seguridad Social a informar a cada trabajador anualmente sobre su pensión pública. Según el análisis, el 78% de los encuestados no tiene conocimiento de ello. Este envío no se ha realizado hasta la fecha.
La Seguridad Social puso en marcha un simulador web en el que los ciudadanos pueden calcular su futura pensión. Respecto a su utilización por parte de los ciudadanos, sólo el 23% de los encuestados asegura que conoce este simulador, y de ellos, sólo la mitad lo ha utilizado, es decir, poco más de 1 de cada diez españoles. Durante la presentación de este estudio, Ángel Aldama, presidente de INVERCO, ha criticado la información que el ciudadano recibe de este organismo público. «La hipótesis de pensión pública no es razonable puesto que no deflacta la inflación futura. A los que les devuelve una estimación por encima de la pensión máxima no es realista y a los que están por debajo les crea una ilusión monetaria. El problema es que esta es la mejor web a la que el ciudadano puede acudir porque disponen de información sobre toda nuestra vida laboral».
Comparativa internacional
Este envío de información al trabajador sobre cuál será su pensión estimada en el momento de su jubilación es una práctica que se lleva a cabo en 10 países europeos: Alemania, Suecia, Austria, Reino Unido, Finlandia, Francia, Italia, Croacia, Irlanda y Portugal. Si bien no todos los países lo hacen de la misma manera.
Respecto a la periodicidad de envío, la práctica totalidad lo hace con una frecuencia anual. El proyecto español de 2014, que finalmente no se aprobó, preveía una periodicidad anual.
También varía la edad a la que se comienza a recibir esta información. España incluyó en su proyecto un sistema de tramos en el que en 2014 se enviaría esta información a los mayores de 50 años, en 2015 a los mayores de 40 y en 2016 a todos los ciudadanos con 5 años cotizados.
En los países vecinos hay diferentes fórmulas. Así, Alemania o Reino Unido establecen la edad para ser informado en 27 años, si se llevan 5 años cotizados; Finlandia en los 18 años de edad o Francia en los 35. Suecia, por su parte, no establece una edad concreta, sino que sus ciudadanos pasan a recibir esta información desde su primera cotización.
En cuanto al contenido de la comunicación, además de la estimación de la pensión a recibir, en la mayoría de países se informa al receptor sobre cómo funciona el sistema de pensiones de su país. En caso de Reino Unido, incluye incluso las previsiones de sostenibilidad del mismo. En opinión de Aldama, «el envío de la carta sería positivo para la Seguridad Social lejos de ser algo negativo porque conseguiría disipar dudas con carácter individual».
«La liquidez en los planes de pensiones puede afectar la rentabilidad»
Sobre las reformas que el Gobierno prevé introducir en la regulación de los planes de pensiones, Aldama ha señalado los riesgos que, a su juicio, puede acarrear la ventana de liquidez a los 10 años a partir del año 2025. «No esperamos reembolsos masivos, pero las carteras de algunos productos pueden rotar hacia activos más líquidos desde otros más ilíquidos para estar preparados ante esa eventualidad. Esto podría tener una factura en términos de rentabilidad», afirma.
En este sentido, Aldama ha recordado el ejemplode Reino Unido donde la ventana de liquidez de este producto se aprobó en 2015 para los mayores de 55 años. «En junio pasado se realizó un informe que concluyó que siete de cada diez habían dispuesto total o parcialmente del capital invertido y ese dinero se había destinado a reformas en el hogar y amortizar hipotecas, principalmente».