Una de las medidas que se plantea desde el Gobierno es la ampliación del cálculo de la pensión a 35 años. Con esta norma, para calcular la cuantía de la pensión pública se tendrían en cuenta los últimos 35 años de la vida laboral y no los últimos 25 como ocurrirá a partir de 2022.
Esta medida, la ampliación de la base reguladora en el sistema de pensiones, impactaría negativamente en la cuantía de la pensión media inicial de jubilación, que disminuiría alrededor de un 8,6%, dato superior a los dos ofrecidos por el Ministerio de Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que lo sitúa entre el 5,45% y el 6,3%. Esta es una de las principales conclusiones del análisis realizado por el Observatorio de Pensiones de Willis Towers Watson, en colaboración con la Universidad de Valencia y la Universidad de Extremadura, sobre los efectos que tendría esta propuesta.
La variable más relevante es, según el análisis, la duración de la carrera laboral, ya que los individuos con carreras cortas verían disminuir su pensión un 15% frente a aquellos con carreras largas (primer cuartil, equivalente a más de 43 años y 8 meses cotizados), que sufrirían la mitad de reducción (7,5%). Asimismo, detecta un posible problema de discriminación indirecta por razón de género, ya que las mujeres presentan carreras laborales más cortas, con lo cual su pensión inicial se recortaría un 10,3%, frente a un 7,9% en el caso de los hombres. Esto supone una reducción superior al 30% para las mujeres, respecto a los hombres.
La edad de jubilación también tiene un efecto relevante. Según los cálculos del Observatorio, el impacto sobre la pensión de aquellos trabajadores que decidieran demorar su jubilación sería mayor – una reducción del 11,6%, frente al 8% de los que opten por anticipar su retiro.
En definitiva, desde el punto de vista de los pensionistas, el aspecto negativo de esta reforma es el impacto que tendría sobre la suficiencia de las futuras pensiones. No obstante, tal y como se apunta desde el Observatorio de Pensiones de WTW, hay que tener en cuenta que los individuos podrían compensar, total o parcialmente, esta reducción modificando su comportamiento, retrasando por ejemplo su acceso a la jubilación.
Otro de los colectivos más perjudicados por el alargamiento del periodo de cómputo, según desvela el informe, serían los autónomos, con una bajada del 10,3%, frente al 8,6% de reducción en el régimen general. Esto es debido a que la inmensa mayoría cotizan por las bases mínimas durante los periodos más alejados de la edad de jubilación y a que los meses no cotizados computan con cero euros para este grupo, penalizando fuertemente el valor de la base reguladora.
En cuanto al impacto sobre el gasto en pensiones, el análisis muestra que el ahorro que genera esta medida tardaría bastantes años en notarse, como ocurre con todas las medidas que afectan solo a las nuevas pensiones de jubilación y, además, se implantan en un largo periodo transitorio. Concretamente, en 2040 el ahorro sería del 0,65% del PIB de ese año, pasando en 2050 al 0,88% del PIB, para empezar a descender paulatinamente a partir de esa fecha, llegando en 2067 al 0,64% del PIB.
Como explica Rafael Villanueva, Manager de Retirement de Willis Towers Watson, “creemos que la ampliación del cálculo de la base reguladora debería hacerse, ya que mejoraría la contributividad y la sostenibilidad del sistema de pensiones. Sin embargo, conviene señalar que habría que tener cuidado con tres elementos: no se debería acompañar de la elección de los mejores años de cotización; habría que prestar atención a la posible modificación de la integración de los años no cotizados; y, por último, podrían surgir problemas por la posible discriminación por razón de género”.
Los expertos de Observatorio de Pensiones de WTW insisten en que “esta medida no sería más que un parche para intentar paliar parcialmente toda una serie de problemas e inequidades que arrastra nuestro sistema de pensiones”.
Por Fórmate a Fondo