La disminución de la natalidad, el incremento de la longevidad y las altas tasas de desempleo están elevando la tasa de dependencia, o lo que es lo mismo, el ratio entre pensionistas y cotizantes a la Seguridad Social, en España.
Las previsiones apuntan a que la suma de estos factores provoque que este ratio pueda llegar a 77,5 pensionistas por cada 100 personas en edad de trabajar en 2050, es decir, 1,3 personas en activo por cada pensionista. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), esto supondrá la tasa de dependencia más alta del mundo.
Con estos datos se demuestra que además nuestro sistema de pensiones público no está diseñado para afrontar esta situación y en medio de este escenario de dudas crecientes sobre la cuantía de la pensión, las empresas van siendo cada vez más conscientes de la necesidad de poner en marcha planes de ahorro privados que completen en un futuro las pensiones.
Según un informe elaborado por KPMG, “II Informe de la Situación de las pensiones en España”, el 26% de las 235 empresas encuestadas ha asegurado disponer de este tipo de sistemas de ahorro para el futuro.
Álvaro Granado, responsable de Pensiones People Services en KPMG, ha asegurado que “el 22% de las empresas incluyen la planificación de la jubilación en sus agendas de recursos humanos para 2019, porcentaje que subirá al 53% en 2020”.
Por áreas de actividad, la mayor parte de los planes de jubilación colectivos analizados pertenecen a los sectores financiero, servicios, industria, farmacéutico y tecnológico. Entre los sectores que más han aumentado sus planes de previsión están el energético, que ha pasado del 46% en 2017 al 50% este año, mientras que los mayores descensos se han producido en industria, consumo y distribución, diez puntos porcentuales menos en cada uno de ellos en el último año.
Otro de los aspectos que destaca el estudio es el hecho de que las sucesivas reformas que se han producido en las condiciones para acceder a las pensiones públicas de la Seguridad Social han hecho mella sobre todo en los trabajadores con salarios más bajos. De este modo, por ejemplo, la reforma de 1995 situó el porcentaje del salario percibido antes de la jubilación, el conocido como ratio de cobertura, en el 98,5% para los salarios de 25.000 euros bruto al año y tras los cambios de 2013 el porcentaje bajó al 60,4%.
En el lado opuesto, en salarios más elevados, 95.000 euros anuales, el porcentaje de reducción ha sido menor ya que ha pasado del 31,3% del último salario en 1995 al 26,5%.
Bajo este contexto, son numerosos los organismos internacionales que vienen recomendando a las empresas y trabajadores españoles la puesta en marcha de planes de pensiones complementarios. La OCDE ha aconsejado abiertamente a nuestro país un sistema más eficaz de información a los trabajadores, así como la puesta en marcha de incentivos al ahorro, línea argumental en la que han coincidido también el Banco Central Europeo (BCE), la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional (FMI), siempre en aras de disminuir las consecuencias adversas que tendrá sobre el sistema el envejecimiento de la población.
En relación con la fiscalidad de los planes de pensiones privados, según datos de la OCDE, nuestro país se encuentra a la cola en incentivos al ahorro en este tipo de productos. El 7% de los encuestados afirma ahorrar hasta el límite fiscal y financiero de 8.000 euros al año en 2018. En este sentido, debe resaltarse la importancia que tiene para las empresas el que sus trabajadores puedan disponer de una pensión de jubilación adecuada a sus necesidades cuando llegue ese momento. Además, la no obligatoriedad de la jubilación en España contribuye a que la decisión de un trabajador de no acceder a la jubilación llegada su edad de referencia tenga posibles impactos financieros y en recursos humanos en las empresas.
En cuanto a las cuantías de las aportaciones, la mitad de las empresas que tienen planes de previsión, el 54%, duplica la aportación que realiza el empleado y en el caso de los directivos el coste de este tipo de planes suele oscilar entre el 15 y el 20% de su salario bruto anual.