Uruguay ha empezado el año con una nueva ley contra el lavado de activos, una normativa que reúne todas las disposiciones que estaban dispersas en diferentes instrumentos legales. La reforma sitúa al país dentro de los estándares internacionales, en un contexto mundial de reglamentaciones cada vez más estrictas.
Según la nueva ley, votada a finales de 2017, el delito fiscal se convirtió en precedente del lavado de activos, lo que conlleva un proceso penal. Abogados y contadores deben reportar operaciones sospechosas, así como los bancos, asesores financieros, inmobiliarias, rematadores, asociaciones civiles, casinos, fundaciones, partidos políticos y ONGs.
Con pocos meses de andadura, la reforma suscita toda una serie de consultas y dudas por parte de los contribuyentes. ¿Que cambio está generando esa normativa en la industria financiera uruguaya?: “La industria financiera uruguaya adquiere un nuevo requisito de «conozca su cliente». A partir de ahora el cumplimiento fiscal es obligatorio”, explica Marcelo Gutiérrez, director de Invertax.
“Es un cambio que se da no sólo en Uruguay sino en muchos países y es parte de la nueva realidad: más transparencia, más intercambio de información. Bastante tiempo estuvo bajo discusión, el no pago de impuesto como argumento moral es muy difícil de apoyar. Diferente es la discusión de si los gobiernos hacen buen uso o mal uso de esos recursos”, añade el experto en temas tributarios.
Desde Invertax se considera que la industria financiera uruguaya tendrá dificultades: “La industria offshore en Uruguay va camino a desaparecer al igual que en resto del mundo junto con el fin del secreto bancario. Hoy en día sólo Estados Unidos ofrece servicios offshore de los tradicionales”, afirma Gutiérrez, representante de Uruguay en la International Fiscal Association.
Las nuevas restricciones plantean el temor a una disminución de la inversión extranjera, algo que Marcelo Guitérrez relativiza: “Depende de qué tipo de inversión estemos hablando, si hablamos de Bienes Raíces en Punta del Este sí, este nuevo requisito complica a muchos de los inversores «tradicionales». Sin embargo la inversión extranjera directa, como las pasteras y otras importante que están proyectadas no se verán afectadas”.