La oferta de IICs sostenibles y solidarias ha crecido en España: actualmente hay registrados 17 fondos de inversión solidarios en la CNMV, que dan un porcentaje medio del 0,26% anual de sus activos a diversas causas y que a finales de 2018 sumaban un patrimonio de 1.200 millones de euros. Sobre productos con vocación ESG, hay actualmente autorizados 35 fondos ESG que aplican estos criterios en sus inversiones, con un patrimonio conjunto de 2.200 millones de euros. Una cifra lograda tras crecer un 128% en 2018, que se suma a un impulso del 32% en 2017. “La evolución de los fondos, aunque en términos absolutos es modesta, avanza con fuerza”, destacó Sebastián Albella, presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en el marco de las conferencias sobre finanzas sostenibles organizadas por la APIE y la UIMP la semana pasada en Santander.
También hay tres sicavs solidarias y una sicav ESG. En total, IICs con características muy variadas, algunos de las cuales aplican criterios excluyentes, mientras otras tienen un enfoque positivo (protección medioambiental, gobierno corporativo…)
Aunque algunas críticas apuntan a que algunas entidades utilizan estos productos como parte de una campaña de marketing y sin convencimiento o aplicación de sostenibilidad real –greenwashing-, desde la CNMV señalan que confían en los fondos registrados y recuerdan que a partir de la publicación de la taxonomía por la Comisión Europea, será más fácil comprobar que quien dice ser sostenible realmente lo es. “La posición de la CNMV no es comprobar que la información que se pone a disposición aquí se corresponde con la realidad: si un fondo nos dice que lo es, confiamos, pero aquí hay más campo de acción, pues ahora habrá que ver que estos productos entren dentro de la taxonomía definida en la Comisión Europea. Hasta ahora se entiende que hay ESG real, desde la CNMV solo hacemos un control de coherencia y calidad”, añadía Albella en las conferencias.
La normativa
En su intervención, el presidente hizo un repaso regulatorio, mencionando el plan de acción de la Comisión Europea en 2018, con tres reglamentos: el primero establece una taxonomía -criterios armonizados para determinar si una actividad económica es sostenible desde un punto de vista medioambiental y que puede servir de base para aplicar etiquetas a productos financieros sostenibles-; en segundo lugar, está la obligación de publicar información de inversores institucionales en este ámbito –cómo los asesores, seguros o planes de pensiones integran estos procesos en sus inversiones –, pendiente su publicación tras un acuerdo ya alcanzado; el tercero se refiere a la creación de dos tipos de índices relacionados con el cambio climático: uno de transición climática y otro europeo alineado con el acuerdo de París, con obligaciones de información sobre factores ESG aplicados a los índices.
Albella también recordó el mandato concedido a ESMA y EIOPA, para que asesoren técnicamente sobre las modificaciones normativas con el objetivo de integrar los riesgos y factores ESG en directivas como la UCITS, MiFID II, y AIMFD. “La CNMV está participando activamente en los grupos de trabajo de ESMA que han preparado informes de asesoramiento técnico para dar cumplimiento a ese mandato: en fondos de inversión, ESMA recomienda la introducción de cambios en la legislación delegada de UCITS y AIMFD para considerar factores ESG en los requisitos de organización, indicaciones operativas y gestión de riesgos”, recordó.
En las ESIs, las recomendaciones de ESMA se refieren también a temas organizativos y operativos y además a la prevención de conflictos de interés y temas de gobernanza productos: “En este sentido, ESMA ha pedido que se adapte el test de idoneidad de MiFID II para dar cabida a las preferencias de los inversores en relación con los productos sostenibles”. En este sentido, Albella explicó que en el test de idoneidad se va a incorporar una pregunta para indagar en las preferencias de los inversores en materia de sostenibilidad, algo que ahora no ocurre. Y además, muy ligado a ello y puesto que el test está vinculado al asesoramiento, también se va a regular o se van a establecer criterios a cerca de en qué medida debe asesorarse a los clientes sobre estos temas.
En el plan estratégico
“El plan estratégico de la CNMV es contribuir al atractivo y competitividad del mercado español, lo que incluye adaptarse a nuevas tendencias como la relevancia de la sostenibilidad. Pero la razón principal por la que es relevante este movimiento de las finanzas sostenibles es que cada vez hay más inversores que incorporan a sus procesos de decisión consideraciones relacionadas con el medio ambiente u otros aspectos de la sostenibilidad y es importante que este interés se vea atendido y que tengan información fiable para adaptar sus decisiones”, indicó Albella. Contribuir a que la información sea clara y fiable, a que la naturaleza de las inversiones lo sea, y a que los inversores sean asesorados correctamente en este ámbito: ésa es la función de la CNMV, dijo.
Entre sus labores, y además de lo comentado anteriormente, Albella destacó su intención de favorecer las inversiones a largo plazo de las empresas, la lucha contra el greenwashing, la garantía de una neutralidad normativa –es decir, que la sostenibilidad y sus obligaciones afecten al sector de valores, seguros y IICs- y que haya igualdad de condiciones en materia de producto (el reglamento se aplica a fondos, productos basados en seguros, fondos de pensiones de jubilación privada y de empleo, carteras individuales y asesoramiento en materia de seguros e inversión).
Además, la CNMV forma parte de grupo informal de supervisores informales (en el que también están entidades como el Banco de España, o la Dirección General de Seguros, entre otras…) para intercambiar conocimientos de iniciativas financieras relacionadas con la sostenibilidad.
La CNMV también cuenta con iniciativas para reducir el impacto de la organización (reducir consumo de papel, temas energéticos, salud del trabajo, participación de la CNMV en programas de voluntariado social…)