Un nuevo decreto antilavado del gobierno uruguayo prohibirá que los dirigentes gubernamentales o jerarcas públicos puedan tener o formar parte de una sociedad offshore, a pesar de que no estén cometiendo delito alguno, anunció el diario local El País.
Según el director de la Secretaría Nacional Antilavado de Uruguay, Carlos Espinosa, a partir de la publicación de la reglamentación todos los dirigentes del sector público afectados por la normativa tendrán que declarar si tienen vinculación o no con algún tipo de sociedad offshore y si es el caso, deberán dejar el cargo.
La prohibición afecta a las sociedades offshore pero no a las cuentas bancarias y es independiente de que la participación en esas sociedades sea legal o no.
El decreto reglamentario forma parte de la extensa ley antilavado aprobada en diciembre de 2017, normativa que incluye 33 delitos y nuevos profesionales con obligación de control como abogados, contadores y escribanos.
Por Magdalena Martínez