Varios grupos de presión -incluidos “Americans for Financial Reform” o “Global Financial Integrity”, entre otros- argumentan que los advisors que “traen miles de millones de dólares al sistema americano, deberían estar sujetos a las normas contra el blanqueo de capitales”, por lo que urgen al Departamento del Tesoro estadounidense a “terminar la norma propuesta por FinCen (división de delitos financieros) para imponer a los RIAs (registered investment advisors) que gestionan más de 100 millones de dólares en activos requerimientos de reporte de actividades sospechosas y AML”.
El escrito- dirigido a Jack Lew, secretario del departamento del Tesoro, Jennifer Shasky Calvery, directora de FinCen, y Shaun Donovan, director de la oficina de gestión presupuestaria- se envió el 4 de abril, inmediatamente después de la filtración y publicación de los famosos papeles de Panamá, que descubren que un elevado número de grandes clientes de entidades financieras de todo el mundo cuenta con entidades offshore en las que pudieran haber alojado dinero de dudosa procedencia.
En él papel, los grupos firmantes argumentan que esta norma aseguraría que los advisors “conocen a sus clientes, reportan transacciones sospechosas a las autoridades y contribuyen a proteger Estados Unidos de individuos que blanquean capital, terroristas y delincuentes”.
La legislación del país ya impone obligaciones AML a bancos, sociedades de valores, seguros, commodity brokers y otros operadores de la industria financiera, continúa la carta. Muchos RIAs cuentan con programas voluntarios y todos disponen de los medios y la sofisticación para implementar un programa contra el blanqueo de capitales de acuerdo con esta regla. Por otro lado, “adoptar la norma también acercaría los requerimientos AML estadounidenses a la práctica global y estándares internacionales”.