Según Miranda Beacham, responsable de gobierno corporativo en Kames Capital, Francia e Italia –que concentran gran parte del universo invertible de los gestores de fondos europeos– se arriesgan a perder la confianza de los inversores si las empresas presentes en esos mercados no adoptan las medidas necesarias para proteger los intereses de sus accionistas minoritarios.
Las dos normas en cuestión, conocidas como ‘ley Florange’ en Francia y ‘decreto de crecimiento’ en Italia, permitirán duplicar los derechos de voto de los accionistas con más de dos años de antigüedad. En opinión de Beacham, esto podría restarle atractivo a las acciones domiciliadas en esos países porque las normas resultan claramente ventajosas para las grandes familias accionistas y los gobiernos, en detrimento de los accionistas minoritarios.
“En Francia, la ley Florange podría beneficiar de forma desproporcionada a las grandes familias accionistas y a los sindicatos, que normalmente tienen participaciones en las empresas galas”, explica. “Además, la ley también modificaría el principio de neutralidad que rige a los organismos de gestión en caso de adquisición, abriendo la puerta a que el consejo de administración de una empresa pueda rechazar una OPA hostil sin consultárselo a los accionistas”. Por ese motivo, los cambios ponen en riesgo los intereses de los accionistas minoritarios de las empresas francesas.
En el caso de Italia, la modificación por la que se duplicarían los derechos de voto de los accionistas de mayor antigüedad les otorgaría demasiado poder a los accionistas mayoritarios. “Existe el riesgo de que los principales accionistas ganen el control permanente de las empresas, a costa de los accionistas minoritarios. Además, el decreto haría imposibles la OPA hostil” añade.
El pasado mes de febrero, un grupo de inversores, entre los que se encuentra Kames, envió una carta al gobierno italiano sobre la cuestión de que las empresas pudiesen aprobar la duplicación de los derechos de voto por mayoría simple, en vez de por mayoría cualificada. Para satisfacción de Kames, los comentarios de los inversores internacionales llevaron al gobierno italiano a eliminar la disposición temporal que lo permitía.
“Si tenemos en cuenta que el 90% de las empresas italianas cuentan con un accionista de control, la cuestión resulta realmente preocupante”. En relación con los otros cambios, Beachman señala que Kames continúa creyendo en el principio de ‘una acción, un voto’ que lleva muchos años funcionando con éxito en todo el mundo.
“Aunque la idea de otorgar derechos de voto adicionales a los accionistas de mayor antigüedad para incentivar la inversión a largo plazo suena bien, en la práctica es difícil aplicar este sistema de forma justa, sobre todo teniendo en cuenta las importantes dificultades de acceso a las que se enfrentan los inversores institucionales extranjeros”.
“En nuestra opinión, puede que el principio de ‘una acción, un voto’ no sea perfecto, pero de momento sigue siendo el mejor”, concluye.