MiFID II no es una historia cerrada, ni mucho menos. Aún queda mucho por contar: en concreto, se prevén dos oleadas de cambios que pretenden mejorar la normativa en aquellos aspectos en los que está generando efectos no deseados: la primera, con los cambios más urgentes, llegará a finales de este año y la segunda, con modificaciones más profundas, se prevé para finales de 2021.
Así las cosas, en julio o agosto se publicarán las modificaciones que la Comisión Europea entiende como urgentes (el llamado “quick fix”), de forma que no se va a esperar al plazo previsto para aplicar los cambios (el 31 diciembre de 2021), sino que hay ciertos aspectos que se consideran tan urgentes que los supervisores tienen intención de que se empiecen a aplicar a finales de este año: “Es muy ambicioso por parte del regulador europeo porque cualquier modificación de MiFID II conlleva unos plazos de implantación bastante largos y aún no hay texto para esas modificaciones y es difícil llegar pero esa es la idea, el 31 diciembre de 2020”, explicaba Sara Gutiérrez, socia de finReg 360, en un reciente webinar organizado por la firma y bajo el título “MIFID II: últimas novedades para el negocio y la protección al inversor”.
Así las cosas, una primera oleada de cambios entraría en vigor a finales de este año y otros verían la luz el 31 de diciembre de 2021.
Los cambios
Desde que se iniciara su aplicación en 2018, los supervisores y reguladores ―sobre todo la ESMA y la CNMV― han emitido innumerables documentos con nuevas interpretaciones y criterios, que las entidades deben seguir para asegurar el cumplimiento de esta normativa. En esta tesitura, la Comisión Europea ha comenzado sus trabajos para determinar si es necesaria una modificación normativa de ciertos temas, aunque ya se habla incluso de la llegada de MiFID III.
Entre los temas a modificar están el régimen de incentivos, el unbundling, algunas obligaciones en gobernanza de producto, o las normas de conducta para incentivar la contratación a distancia, entre otros asuntos.
Así, en la consulta pública de la Comisión, había algunas preguntas relacionadas con los incentivos, planteando si las entidades actúan en mejor interés de los clientes o hay que revisar esas normas. ¿Habría que incrementar la prohibición de incentivos para impulsar el asesoramiento independiente? “La CE está viendo que las entidades a nivel europeo no han hecho la transformación de sus modelos de negocio desde el no independiente al independiente y se pregunta si han de ser más restrictivos para llegar al modelo buscado de asesoramiento independiente, una pregunta abierta para la industria”, explica Gutiérrez.
También se plantea si son efectivas las nuevas obligaciones y el unbundling y, en gobierno de producto, si han sido efectivas las obligaciones establecidas, y si se deben incrementar las obligaciones del target market negativo. En cuanto a normas de conducta, se pregunta si se deben flexibilizar las obligaciones de información para fomentar la contratación a distancia (MiFID II es muy restrictivo con la información precontractual de producto y costes y gastos, pues mientras antes sí se preveía la entrega justo en el momento de la operación o después, con la normativa queda prohibido, algo que ha limitado la contratación a distancia).
La Comisión también se pregunta si son eficaces o no as nuevas obligaciones sobre la grabación de conversaciones telefónicas, electrónicas y el registro de actas de las reuniones presenciales con los clientes.
A raíz de esto, la ESMA publicó un informe de asesoramiento técnico que remitió a la Comisión Europea sobre una propuesta de modificación: en incentivos, plantea estudiar en detalle el efecto de la prohibición en el negocio y los clientes, sobre todo los negativos, y dice que se deberían valorar los análisis en otros países con prohibición total (como Reino Unido o Países Bajos). Y propone incrementar la información. Sobre costes y gastos, valora la exclusión del régimen de costes y gastos cuando se opere con profesionales o contrapartes elegibles y propone flexibilizar las obligaciones de información para fomentar la contratación a distancia.
En su contestación, la CNMV propone estudiar la prohibición de los incentivos y sus efectos, y de plantearlo, extender la prohibición a productos basados en seguros pero está en contra de incrementar la información (por la carga administrativa que supone). También lanza la posibilidad de reforzar los supuestos para justificar el aumento de la calidad del servicio (en España la lista es cerrada para el cobro de incentivos y la CNMV aboga por que la lista se cierre a nivel europeo, explica Gutiérrez). Y considera como incentivo las prácticas de integración vertical. También pide excluir los servicios de aseguramiento y colocación como incentivos.
En cuanto a los clientes, no ve necesario crear una nueva categoría de clientes semi profesionales: “En España se prohíbe distribuir ciertos productos a minoristas y se ha restringido en banca privada la posibilidad de invertir en ciertos productos que antes sí estaban presentes en las carteras. Esto ha hecho que de facto muchos clientes no puedan acceder a ciertos productos emitidos pensando en profesionales”, dice la experta.
También pide dar un paso atrás en el unbundling ante sus efectos negativos y aboga por flexibilizar el régimen y establecer uno opcional, en el que las entidades informen al cliente si no lo aplican y expliquen así si incurren en mayores costes y los justifiquen con un mayor análisis.
