La Unión Europea podría estar debatiendo la posibilidad de realizar cambios en MiFID II sobre el unbundling, es decir la separación entre costes de análisis y de ejecución. Un debate que llega después de que la industria haya detectado un importante descenso en el número de análisis de empresas cotizadas, en particular a pequeña y mediana capitalización.
La regulación, que entró en vigor en 2018, establece que se separe el coste de ejecución del coste del análisis, algo que se estaba ofreciendo de forma conjunta y que las autoridades consideraban que era poco transparente. Según un documento al que ha tenido acceso Bloomberg, la Unión Europea estaría valorando la flexibilización de las normas de desagregación, que obligan a los inversores a pagar por el análisis de forma separada de los honorarios comerciales.
“Se está considerando la posibilidad de revertir este controvertido aspecto del reglamento MiFID II para el análisis sobre pequeñas y medianas empresas”, apuntan desde Bloomberg. En este sentido, la desagregación tenía como objetivo reducir los conflictos de interés, pero se ha detectado que el menor número de análisis disponibles está restando atractivo a algunos valores y haciendo que los inversores no se fijan tanto en ellos.
Uno de los efectos de MiFID II en la industria de gestión de activos ha sido que el análisis de pequeñas compañías supone un coste difícil de asumir para las firmas, que en muchas ocasiones han optado por reforzar sus propios equipos de análisis y prescindir de los servicios de proveedores de análisis. Otra tendencia clara que se ha visto durante los dos últimos años es que la gran mayoría de gestoras ha decidido asumir los costes del análisis y no trasladarlos al inversor.
En algunos países europeos este debate ya se ha abierto. Por ejemplo, en España, la CNMV ha solicitado a la Comisión Europea que reconsidere análisis financiero como incentivo y la obligación de unbundling. Los requisitos de la normativa sobre este punto, si bien han supuesto una reducción de los costes aplicables, han limitado la cantidad y calidad del análisis financiero disponible y han dejado sin cobertura a muchas empresas de pequeña y mediana capitalización bursátil, denuncia el supervisor. Sus consecuencias son contrarias a la Unión del Mercado de Capitales y dificultan el acceso a la financiación de las empresas, explica la CNMV.
Una opinión que también comparte BME. En palabras de su consejero delegado, Javier Hernani, «uno de los efectos indeseados de la directiva europea MiFID II es que muchas de estas empresas sufren una baja o, en ocasiones, inexistente cobertura por parte de los analistas. Ahora mismo la Comisión Europea está realizando una revisión de la normativa. Desde BME haremos todo lo posible para que la norma se reforme en la dirección correcta, se eliminen los errores cometidos y se coordine con los objetivos de la Capital Markets Union, cuya puesta en marcha en la Unión Europea es ahora más necesaria que nunca. MiFID y CMU deben ir de la mano, no en direcciones opuestas».
Como alternativa, la CNMV sugiere establecer un régimen opcional, de forma que aquellas entidades que opten por no aplicar el unbundling informen a sus clientes del incremento de costes y lo justifiquen por el acceso a un mejor análisis.