La reforma de las Zonas Francas avanza en el parlamento uruguayo, planteando nuevas reglas del juego que podrían perjudicar a algunas empresas, aunque no a las más importantes. Gran parte de la industria financiera uruguaya está instalada en estos enclaves exonerados de impuestos.
El gobierno uruguayo quiere que, una vez votados los cambios, todas las compañías de Zonas Francas presenten en el plazo de un año documentación sobre el cumplimiento de varios objetivos: el empleo de mano de obra uruguaya, la promoción de las inversiones y exportaciones, y el incentivo a la integración económica internacional.
Estos nuevos requerimientos valen para todas las empresas, sea cual sea la etapa de su contrato, y de no cumplirse sería rescindido el acuerdo en junio del 2021. Así, la empresa perdería sus beneficios de exoneración tributaria.
La Cámara de Zonas Francas asegura que la reforma es anticonstitucional, ya que afecta a contratos ya firmados, y muchos empresarios se preguntan cómo, en la práctica, podrán demostrar (y mediante qué documentación), que cumplen con los objetivos marcados por el gobierno uruguayo.
Martín Rubisntein, asesor tributario de UhYGubba & Asociados, piensa que los trámites y las cargas administrativas de las empresas aumentarán, pero que la mayoría de las firmas podrán sortear el obstáculo: “Si una empresa mantiene el cupo de empleos uruguayos, tiene su estructura montada en Uruguay (oficinas, personal administrativo, etc), y trabaja para terceros países, ahí mismo ya está cumpliendo el objetivo de la ley de las Zonas Francas y no debería de tener ningún problema con la reforma”.
Una de las particularidades de la reforma en curso es que se plantea de cara al futuro: no importa que en el pasado la compañía haya invertido, sino cuánto invertirá en los próximos años.
Por ello, Rubinstein asegura que todas tendrán que tener un plan de negocios y de finanzas muy claro.
El gobierno uruguayo asegura que la modificación de la ley 15.921 debe hacerse para cumplir con las normas de la OCDE, especialmente en el capítulo de evasión tributaria y lavado de dinero. La OCDE considera que las llamadas “empresas de papel”, que sólo se benefician de las ventajas fiscales sin invertir, lo hacen en perjuicio de las administraciones tributarias de otros países.
Mientras avanza en debate sobre el espinoso asunto de los contratos, otros aspectos de la reforma ya han recibido media sanción en el Senado.
Uno de los más importantes es el aumento del cupo de empleados extranjeros en las Zonas Francas. Con la nueva legislación, desaparecería la exigencia de que el 75% de los contratados sean uruguayos, dejando el cupo en 50%. Pero se elimina una disposición que permitía solicitar una mayor presencia de extranjeros de manera ilimitada.
Rubinstein ve dificultades en este capítulo, al igual que la Cámara de Zonas Francas: “en Uruguay hay un claro problema de capacitación, muchas de las empresas son muy punteras y no encuentran una mano de obra adecuada. Puede ser un problema introducir normas rígidas en ese sentido”.
Uruguay ha basado parte de su éxito económico, especialmente en lo relativo a la captación de inversiones, en un Régimen de Zonas Francas que ofrece facilidades tributarias en varios puntos estratégicos del país.
