La Comisión Europea publicó, el pasado 24 de mayo, la reforma más amplia del marco legislativo de la UE para la inversión minorista hasta la fecha. Una directiva que no ha dejado impasibles a los representantes del sector financiero y asegurador europeo: AMICE, EACB, EAPB, EBF, Efama, ESBG, EUSIPA e Insurance Europe.
En el sector reconocen que aún evalúan toda la gama de impactos y cambios presentados en la Estrategia de Inversión Minorista (RIS) a través de múltiples piezas de regulación: MiFID II, la directiva sobre distribución de seguros, la directiva sobre organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM), la directiva sobre gestores de fondos de inversión alternativos, el reglamento sobre productos de inversión minorista empaquetados (PRIIP) y la Directiva sobre Solvencia II.
Un comunicado de estas asociaciones detalla algunas observaciones ya detectadas, además del interés de estos representantes de exponer «nuestros motivos iniciales de preocupación acerca de las propuestas». En primer lugar, la declaración conjunta de estas asociaciones muestra su firme apoyo al «objetivo de impulsar la participación minorista en los mercados financieros», al tiempo que «aprecia la exhaustiva labor de la Comisión Europea en este ámbito». En particular, se refieren al «alentador cambio hacia la comunicación ‘digital por defecto’, así como el esfuerzo por racionalizar la divulgación de información y seguir promoviendo la educación financiera».
Sin embargo, se detecta que muchas medidas de las propuestas «son de gran alcance y suscitan múltiples preocupaciones». En concreto, se detallan cuatro aspectos.
1.- Aunque la Comisión declaró que había abandonado su plan original de prohibir totalmente las comisiones sobre la distribución de productos de inversión y productos de inversión basados en seguros, debido a la posible perturbación del mercado, hay muchas prohibiciones al pago de comisiones en las propuestas de RIS, y éstas seguirían teniendo importantes consecuencias perturbadoras para el sector financiero europeo y el acceso de los consumidores a la protección de inversiones y seguros. También existen importantes reservas sobre la nueva prueba del «interés superior del cliente», ya que, según la opinión de las asociaciones, el enfoque propuesto se centra desproporcionadamente en los costes y puede llevar a los clientes a dar prioridad al producto «más barato» frente a otros que potencialmente podrían ofrecerles un mayor valor. Observamos que tal resultado sería, de hecho, contrario al interés superior del cliente.
2.- El importante número de nuevos procesos, políticas, requisitos organizativos, divulgaciones técnicas y obligaciones de cumplimiento que introducen las propuestas se desvía de los objetivos declarados de, primero, reducir la sobrecarga de información de los clientes, y, segundo, simplificar el acceso a los servicios financieros. De hecho, el abrumador volumen de requisitos añade complejidades que muy probablemente desalentarán la participación de los consumidores, ya que la loable ambición de convertir a los depositantes europeos en inversores se vería obstaculizada por un proceso de inversión aún más largo, complejo y oneroso.
3.- La propuesta de introducir parámetros cuantitativos de «rentabilidad» de talla única contradice el objetivo fundamental del proceso de inversión, que consiste en ofrecer soluciones a la medida de las necesidades de los distintos clientes. De hecho, el valor abarca algo más que los costes y tiene significados diversos para los distintos consumidores, en función de sus circunstancias, objetivos y valores personales. Un ejercicio de evaluación comparativa de este tipo no sólo sería extremadamente complejo de ejecutar, con beneficios limitados para los clientes (un enfoque centrado en los costes y no en el inversor), sino que esencialmente establecería una intervención en los precios de los mercados de capitales impulsada por la regulación.
Por lo tanto, desde las asociaciones financieras, cuestionan la necesidad, la base jurídica y las consecuencias, en particular en términos de competencia de mercado, de esta opción política. Además, la intervención en la fijación de precios a través de índices de referencia plantearía amenazas significativas para el desarrollo de productos innovadores, especialmente en las numerosas áreas de inversión emergentes que carecen de datos históricos sobre precios. Además, no sería compatible con los esfuerzos en curso para fomentar una oferta más sostenible. Todo ello repercutirá claramente en detrimento del atractivo internacional del mercado de capitales de la UE.
4.-Existe preocupación por el calendario, «inviable para la aplicación de los nuevos requisitos». El sector necesita tiempo suficiente para aplicar cualquier nuevo requisito en los millones de relaciones contractuales divergentes que mantiene con los inversores minoristas y los clientes. Por lo tanto, los plazos de implantación deben considerar cuidadosamente el momento en que se publican todas las especificaciones de Nivel 2 y las disposiciones nacionales necesarias. En la actualidad, las fechas de transposición propuestas en el proyecto actual harían imposible que el sector las cumpliera, pues ya se puede prever que para entonces ni siquiera se habrán publicado las especificaciones de Nivel 2.
El comunicado concluye que los representantes del sector financiero y de seguros, siguen «plenamente comprometidos con contribuir de forma constructiva al debate sobre cómo capacitar a los inversores minoristas», al tiempo que instan a continuar con el diálogo con las instituciones de la UE, además de estar dispuestos «a seguir debatiendo las medidas propuestas, una vez hayamos completado nuestra evaluación».
Por Funds Society, Madrid
