El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha emitido una consulta previa, el 5 de septiembre de 2024, sobre la orden ministerial que regule el préstamo de valores. Según explican desde finReg360, «nos encontramos ante una nueva iniciativa de regular el préstamo de valores que el sector lleva muchos años esperando. El préstamo de valores, permitido en otros Estados de la Unión Europea, mejoraría la competitividad de los fondos de inversión españoles que, hasta ahora, no cuentan con habilitación legal para poderlo realizar».
En este sentido, apuntan que esta orden completaría el desarrollo necesario para que las instituciones de inversión colectiva (IICs) lo pudieran realizar. «Hubo varios intentos fallidos en 2007 y 2018 para permitir el préstamo de valores a las IIC, que, aunque estaba recogido en el artículo 30.6 de la Ley 35/2003, tenía que desarrollarse con una orden ministerial», añaden. En su opinión uno de los aspectos más relevante del proyecto es que la consulta no incluye el borrador de la orden, que se publicará en el trámite de audiencia pública, sino que trata de recabar la opinión de las personas y entidades afectadas sobre las cuestiones que debe abordar la futura norma.
Así, plantea preguntas sobre:
- Necesidad de regular el préstamo de valores en España.
- Categorías de IIC que, como prestamistas, deberían acceder a esta operativa, incluidos inversores institucionales.
- Requisitos (en relación con su régimen de supervisión, nivel de solvencia o Estado de domicilio) de los prestatarios o tomadores de valores.
- Características de los valores objeto del préstamo (limitar los valores a los reconocidos por la Ley 6/20232 o incluir otros no recogidos en la esta norma).
- Posibilidad de que las partes regulen la liquidación de los valores.
- Necesidad de regular aspectos de las garantías.
- Requerimientos sobre la política de préstamo de valores de las IIC.
- Otras cuestiones relevantes como:
- el ejercicio de los derechos económicos asociados a los valores,
- la contratación de agentes especializados, o
- la imputación de gastos del préstamo de valores.
Los expertos de finReg360 también destacan que esta orden persigue eliminar una desventaja competitiva de las IIC españolas respecto a las de otros países europeos y jurisdicciones, que sí pueden realizar préstamos de valores; aumentar la rentabilidad de los partícipes de los fondos, y mejorar la eficiencia de la liquidación de valores. Y recuerdan que la consulta finaliza el 23 de septiembre de 2024.