La Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM o ESMA, por sus siglas en inglés), ha publicado el 25 de mayo una declaración dirigida a las empresas de servicios de inversión que ofrecen servicios y productos no regulados con una finalidad similar a los instrumentos financieros regulados por MiFID II. Es decir, con fines de rentabilidad o cobertura.
En su declaración, la ESMA detecta varios riesgos y analiza las medidas necesarias para mitigarlos, según explican los expertos de finReg360.
1.- Riesgos existentes: Serán de dos tipos. Uno, para los inversores, ya que el organismo ha observado que se pueden dar situaciones de riesgo en los casos en los que concurre los inversores son inducidos a error -en cuanto al nivel de protección, especialmente cuando los productos o servicios no regulados se ofrecen en la misma web que los regulados-, o bien no son plenamente conscientes de la naturaleza del producto o servicio ni de sus riesgos.
Además, existen riesgos cuando se confunda a los inversores o se les vendan productos indebidamente -por ejemplo, cuando siguen una recomendación de una empresa de servicios de inversión-. También, cuando la confusión entre productos o servicios regulados y no regulados la fomente la propia empresa de servicios de inversión.
De esta forma recuerda que las empresas de servicios de inversión deben atender, además de a los riesgos descritos, a los que queden fuera del ámbito de la regulación financiera.
La ESMA también detecta riesgos para las empresas de servicios de inversión, ya que pueden sufrir, especialmente, por el riesgo reputacional, cuando los clientes pierden su inversión inicial y descubren que no se benefician de las protecciones de la regulación financiera. En esta situación, los inversores pueden reclamar a estas empresas por no informarles con claridad clara sobre los productos en los que estaban invirtiendo. Las empresas de servicios de inversión también afrontan el riesgo de incumplimiento de sus obligaciones sobre su actividad regulada.
2. Mitigación de los riesgos. La ESMA resalta la importancia de que las empresas de servicios de inversión que ofrecen productos o servicios no regulados actúen con imparcialidad y profesionalidad, en el mejor interés de sus clientes, y se aseguren de que toda la información dirigida a clientes o posibles clientes sea imparcial, clara y no engañosa.
Por eso, recuerda a estas entidades que es necesario que tomen las medidas necesarias para que los clientes sean plenamente conscientes de la situación del producto o servicio que contratan en cuanto a su regulación, y es preciso que informen al cliente cuando las protecciones regulatorias no se apliquen al producto o servicio.
Para conseguirlo, el regulador insiste en que hay que seguir varias premisas. Primero, la información ha de ser imparcial, clara y no engañosa en todas las comunicaciones con clientes. La terminología utilizada debe ser acorde con carácter regulado o no del producto o servicio.
Además, la información facilitada ha de indicar explícitamente qué nivel de protección tiene el inversor, y debería incluir los sistemas de compensación; las protecciones de los activos de los clientes; la supervisión por la autoridad nacional competente y los posibles recursos a cualquier autoridad reguladora nacional.
La empresa de servicios de inversión no utilizará su carácter de entidad regulada como herramienta de promoción. Así, cuando se realicen actividades no reguladas, la información proporcionada al cliente o posibles clientes no incluirá referencia a que la entidad está autorizada o regulada por una autoridad nacional competente determinada.
Las actividades no reguladas que se promocionen en la web de la entidad deben poder distinguirse claramente de las reguladas, con secciones separadas en ese sitio.
3. Conclusiones. La ESMA recuerda la importancia de que las empresas de servicios de inversión tengan una visión global de los riesgos relacionados con sus actividades reguladas y no reguladas, incluyendo los que puedan recaer sobre clientes, sobre el mercado, o sobre la propia entidad.
Así, han de poder demostrar que disponen de las medidas necesarias para asegurar que las actividades no reguladas no afectan a su capacidad para cumplir con los requisitos pertinentes para la prestación de servicios de inversión.