La Comisión Europea ha tomado su decisión: acaba de publicar su Retail Investment Strategy en la que, finalmente, no prohibirá las retrocesiones a la hora de distribuir productos en los servicios de asesoramiento, si bien sí endurecerá las condiciones y pedirá más transparencia cuando se permitan los incentivos en la distribución de productos de inversión. Eso sí, estos incentivos quedarán prohibidos cuando se distribuyen productos en la modalidad de solo ejecución, es decir, sin otros servicios de por medio.
Era el punto más controvertido de la norma presentada por la Comisión, que ha adoptado un paquete de medidas con el que pretende situar los intereses de los consumidores en el centro de la inversión minorista. El objetivo es capacitar a los inversores minoristas (es decir, a los inversores «consumidores») para tomar decisiones de inversión que se ajusten a sus necesidades y preferencias, garantizándoles un trato justo y la debida protección. Esto aumentará la confianza de los pequeños inversores para invertir con seguridad en su futuro y aprovechar plenamente la Unión de Mercados de Capitales de la UE, dice en un texto publicado en su página web.
Uno de los tres objetivos clave del Plan de Acción de la Unión de los Mercados de Capitales 2020 de la Comisión era hacer de la UE un lugar aún más seguro para que los ciudadanos inviertan a largo plazo. «El paquete de medidas presentado hoy pretende alcanzar ese objetivo y fomentar la participación en los mercados de capitales de la UE, que tradicionalmente ha sido menor que en otras jurisdicciones, como Estados Unidos, a pesar de que los europeos tienen tasas de ahorro muy elevadas. Impulsar la Unión de Mercados de Capitales es también un medio esencial para canalizar la financiación privada hacia nuestra economía y financiar las transiciones ecológica y digital», dice el texto.
El paquete incluye medidas ambiciosas y de amplio alcance en varios ámbitos, que se resumen a continuación.
1.- Mejorar la forma en que se proporciona información a los inversores minoristas sobre los productos y servicios de inversión, de manera que sea más significativa y normalizada, adaptando las normas de divulgación a la era digital y a las crecientes preferencias de los inversores en materia de sostenibilidad.
2.- Aumentar la transparencia y la comparabilidad de los costes exigiendo el uso de una presentación y una terminología estándar sobre los costes. Esto garantizará que los productos de inversión aporten una verdadera relación calidad-precio a los inversores minoristas.
3.- Garantizar que todos los clientes minoristas reciban al menos una vez al año una visión clara de los resultados de inversión de su cartera.
4.- Abordar los posibles conflictos de intereses en la distribución de productos de inversión, prohibiendo los incentivos a la venta en modo de «sólo ejecución» (es decir, sin asesoramiento) y garantizando que el asesoramiento financiero se ajuste a los intereses de los inversores minoristas. También se introducirán salvaguardias más estrictas y transparencia cuando se permitan los incentivos.
Entre esas medidas más estrictas destacan dos: para las ventas en las que se presta asesoramiento, la CE pide sustituir los criterios actuales por una nueva prueba que especifique el deber de los asesores de actuar en el mejor interés del cliente; además, en los casos en que se permitan los incentivos, exigirá a los distribuidores que informen a los clientes sobre qué son los incentivos, así como sobre sus costes y su impacto en el rendimiento de la inversión.
5.- Proteger a los inversores minoristas de la comercialización engañosa garantizando que los intermediarios financieros (es decir, los asesores) sean plenamente responsables del uso (y del mal uso) de su comunicación comercial, incluso cuando se realice a través de las redes sociales, o a través de celebridades u otros terceros a los que remuneren o incentiven.
6.- Preservar un alto nivel de cualificación profesional de los asesores financieros.
7.- Capacitar a los consumidores para tomar mejores decisiones financieras, animando a los Estados miembros a aplicar medidas nacionales que puedan apoyar la educación financiera de los ciudadanos, independientemente de su edad y de su origen social y educativo.
8.- Reducir las cargas administrativas y mejorar la accesibilidad de los productos y servicios para los inversores minoristas sofisticados, haciendo que los criterios de elegibilidad para convertirse en inversor profesional sean más proporcionados.
9.- Reforzar la cooperación en materia de supervisión para facilitar que las autoridades nacionales competentes y las Autoridades Europeas de Supervisión velen por que las normas se apliquen correcta y eficazmente de forma coherente en toda la UE y luchen conjuntamente contra el fraude y las malas prácticas.
Por Funds Society, Madrid
