La Comisión Europea aprueba un plan de acción para una política global de la Unión Europea (UE) sobre la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBCyFT). El plan, que estará abierto a consulta pública hasta el 29 junio, pretende implantar un marco regulatorio mejorado, robusto y eficiente que se adapte a la innovación y que asegure una supervisión armonizada, en todos los estados miembros.
Pese a las recientes iniciativas legislativas en esta materia como la transposición de la denominada cuarta directiva, el nuevo mandato de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) o las nuevas provisiones para los controles del efectivo, desde la autoridad europea aseguran que existe un gran consenso en la necesidad de mejorar su cumplimiento. Además, “el reciente aumento de las actividades delictivas durante la pandemia del COVID-19 es un recordatorio de que los criminales explotan todas las vías para seguir con sus actividades ilegales”, subrayan desde la Comisión Europea.
Por ello, la Comisión quiere implantar una política sobre PBCyFT que haga frente a las amenazas y riesgos concretos en la UE y que esté diseñada para evolucionar, de forma eficiente, teniendo en cuenta la innovación. Junto al plan de acción, la Comisión Europea publica una metodología perfeccionada, más transparente en la detección de los países de alto riesgo que presentan deficiencias estratégicas en sus marcos de lucha contra esta delincuencia y que suponen amenazas significativas para el sistema financiero de la UE.
Pilares del plan de acción
Este plan se basa en seis pilares principales. El primero: la aplicación efectiva de las normas vigentes. La primera prioridad es asegurar que la normativa europea de PBCyFT se aplique con rigor y con la misma efectividad por todos los estados miembros, autoridades nacionales competentes (ANC) y sujetos obligados. Para ello, se atribuirán nuevas funciones a la EBA en su nuevo mandato.
Además, esta prioridad exige asegurar una transposición efectiva de la cuarta y la “quinta directiva”. En este sentido, la Comisión ya ha iniciado procedimientos de infracción contra los estados miembros que no han notificado sus medidas de transposición y propondrá medidas específicas por cada país en el segundo trimestre de 2020.
Por otro lado, el marco normativo europeo de PBCyFT ha tenido una implementación diferente en cada país. En algunos casos, incluso, se han fijado exigencias adicionales. “Esta realidad genera diferencias interpretativas, crea vacíos que los criminales pueden utilizar y afecta a la prestación de servicios transfronterizos”, añaden desde la entidad europea.
Por ello, la Comisión presentará las propuestas legislativas en cuanto una normativa única (el denominado single rulebook) en el primer semestre de 2021, en las que aseguran seguirá aplicando un enfoque basado en el riesgo. En este sentido, la EBA recomiende a la Comisión que armonice los requerimientos para las fintech y fije las medidas exigibles para la identificación no presencial.
Del mismo modo, la propuesta legislativa definirá el funcionamiento y competencias de un nuevo sistema de supervisión, que será integrado para toda la UE y que busca superar la fragmentación que se observa en las ANC. Este organismo (que será la EBA, o un nuevo organismo) necesitará estar dotado de poderes claros para supervisar, dar instrucciones a las ANC y mejorar la coordinación con los supervisores del resto de países. La propuesta para este aspecto será presentada en el primer trimestre de 2021.
Por otro lado, desde la entidad subrayan que será necesario fijar un mecanismo de apoyo y cooperación para las unidades de inteligencia financiera (FIU, por sus siglas en inglés) que fomente el análisis conjunto de las operaciones sospechosas con dimensión transfronteriza. Este mecanismo, entre otras funciones, permitirá la coordinación de las FIU nacionales, identificará las tendencias y factores para evaluar los riegos en esta materia en cada país y en el conjunto y podría ayudar a solucionar las debilidades actuales.
Asimismo, la entidad considera necesario invertir en el desarrollo el portal <FIU.net>, gestionado por Europol. La Comisión asumirá su gestión a corto plazo para asegurar la continuidad del servicio. Las propuestas para materializar este mecanismo se presentarán en el primer trimestre de 2021 y la Comisión asumirá la gestión de <FIU.net> en el último trimestre de 2020.
Además, a través de este plan la Comisión Europea pretende fomentar el mejor uso de la información para hacer cumplir el derecho penal y facilitar la cooperación judicial y policial. Así, la entidad publicará este año un informe sobre cómo se han implementado estas medidas y cómo mejorar su funcionamiento, para promover el intercambio de información entre todas las ANC.
El Centro de Crímenes Económicos y Financieros Europeo (EFECC, por sus siglas en inglés) estará operativo en 2020 y concentrará toda la inteligencia financiera dentro de Europol. Además, para mejorar la investigación y el enjuiciamiento de los casos de blanqueo de capitales en la UE, la Comisión financiará la Red Operativa Anti-Lavado de Dinero (AMON, de Anti-Money Laundering Operational Network).
En la mejora del uso de la inteligencia financiera, la entidad considera que se deben promover las alianzas público-privadas, dentro de las limitaciones existentes. “El marco actual requiere que las FIU compartan las tendencias con el sector privado, pero esta obligación debe aclararse para mejorar el intercambio de información”, subrayan desde la Comisión. En este apartado, la autoridad europea emitirá orientaciones para estas alianzas antes del primer trimestre de 2021, considerará solicitar una opinión al Comité Europeo de Protección de Datos (EDPB, por sus siglas en inglés), y tendrá en cuenta las opiniones para fortalecer la AMON y mejorar el intercambio de información entre todas las ANC.
Por último, la experiencia obtenida de los procesos de identificación de la UE y las nuevas funciones en esta materia pueden desembocar en una revisión del enfoque de los riesgos planteados por otros países no pertenecientes a la UE. Así, como parte de las medidas para gestionar riesgos externos, la Comisión está desarrollando una funcionalidad técnica que ayude al resto de países a aumentar la capacidad de sus marcos de PBCyFT y gestionar sus debilidades.
Asimismo, la Comisión Europea también ha elaborado una nueva lista de países que presentan deficiencias estratégicas en sus marcos de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Consulta pública sobre este plan de acción
Este plan ha sido sometido a consulta pública hasta el 26 de junio. La consulta se divide en seis secciones y pretende recabar información sobre la opinión de los interesados en relación con las acciones propuestas en el plan. Cada sección se centra en un ámbito concreto del plan, como las medidas que ya se han emprendido en la UE o la revisión de la estructura de supervisión en la UE, entre otros.
Por Funds Society, Madrid
