La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha actualizado su documento de preguntas y respuestas sobre MiFID II para incluir en su ámbito de aplicación la actividad de comercialización de las gestoras. En el documento, el regulador nacional aclara que a la actividad de comercialización de las gestoras se le aplican los mismos requisitos que a otros intermediarios que prestan el servicio de recepción, transmisión o ejecución de órdenes de clientes.
Según explican desde finReg360, con esta actualización, la CNMV modifica su anterior criterio por el que las sociedades gestoras, en su actividad de comercialización de instituciones de inversión colectiva (IIC), solo tenían que atender a los requisitos de evaluación de la conveniencia, al no ser la comercialización de IIC un servicio de inversión.
“Esta nueva aproximación afecta tanto a las sociedades gestoras de IICs reguladas por la normativa de UCITS como a las reguladas por la AIFMD, esto es, también a las gestoras de capital riesgo y de carácter cerrado”, apuntan desde finReg360.
Ahora bien, ¿qué implicaciones tendrá esto para las gestoras? El supervisor indica que las gestoras deben cumplir con los siguientes requerimientos de MiFID II en la comercialización tanto de vehículos propios como de terceros: gobernanza de productos, conocimientos y competencias del personal de ventas, remuneración, incentivos, información pre y post contractual a clientes, y llevanza y conservación de registros.
Actualización de políticas y procedimientos internos
“Este cambio de enfoque supone que se apliquen a las gestoras la totalidad de las obligaciones aplicables a los bancos y empresas de servicios de inversión cuando comercializan sus fondos o los de terceros. Ello supone actualizar sus políticas y procedimientos internos. Pero también hacer cambios operativos para facilitar información sobre costes y gastos o asegurar la grabación de llamadas telefónicas y conversaciones electrónicas”, explican desde finReg360.
Por último, destacan que desde las asociaciones sectoriales se está insistiendo en que, si esta equiparación entre las gestoras y las empresas de servicios de inversión y bancos ha de producirse, debe llevarse a cabo a través de una modificación de la normativa UCITS y AIFMD o a través de un cambio legislativo nacional y no a través del mecanismo de preguntas y respuestas.