Las gestoras españolas han experimentado un fuerte descenso en cuanto al porcentaje que representan las retrocesiones sobre sus ingresos por comisiones de gestión: éste ha pasado del 64% en 2015 al 60% en 2017 y al 50% actual. “Sin duda, en este descenso ha influido la aplicación de MiFID II”, valoró Sebastián Albella, presidente de la CNMV, en el marco de la undécima edición del Encuentro Financiero organizado por Expansión y KPMG organizada recientemente, que dedicó su segunda jornada a la industria de gestión de activos.
Sobre los incentivos, denunció que existe “demasiada dispersión” del régimen aplicable en esta materia, tanto entre los países europeos como entre sectores. “El régimen de MiFID sobre incentivos es, además, demasiado complejo, y no solo para las entidades que operan en el sector, también para los supervisores”, indicó.
Albella repasó diferentes modelos, desde las prohibiciones totales, como las del Reino Unido u Holanda, hasta la introducción de supuestos de aumento de calidad del servicio, que es lo que permite continuar con un modelo de retrocesiones. “En España nos situamos en un punto intermedio ya que sí hemos cerrado la lista de supuestos de aumento de calidad del servicio que legitiman recibir incentivos, limitándolos a los tres que aparecen expresamente mencionados en la norma europea”, recuerda. Debido a esa heterogeneidad, la CNMV defiende una mayor armonización y simplificación del régimen europeo: “La máxima simplificación se conseguiría con una prohibición general a nivel europeo pero es muy poco probable en el corto/medio plazo, entre otras cosas por el impacto que podría tener en la industria. Desde luego, no detecto apetito por una prohibición en estos momentos en una clara mayoría de países”, indicó.
Lo que sí ve factible es una mayor armonización a nivel europeo en lo relativo a los supuestos de aumento de calidad del servicio. “No puede ser que tengamos mercados locales tan diferentes cuando estamos empeñados en construir un mercado de capitales europeo más integrado. También creemos que es conveniente huir de enfoques burocráticos en cuanto a la documentación y registro de las retrocesiones y su aplicación».
Y pide que el régimen se aplique de forma uniforme: «Desde luego es clave asegurar que los requisitos de transparencia en la materia se apliquen de modo general. Pienso en los productos propios de otros segmentos del sector financiero que compiten con los productos estrictamente de inversión”.
Albella también reconoció los esfuerzos de la industria para adaptarse al nuevo régimen de incentivos.
Liquidez en tiempos de pandemia
También en materia de regulación, se refirió a sus actuaciones en los últimos meses, marcados por la pandemia: “A nivel internacional los problemas (manifestados en forma de suspensiones de reembolsos básicamente) durante esta crisis se han centrado en dos tipos de fondos de inversión: los monetarios y los inmobiliarios y por diversas circunstancias no tenemos prácticamente este tipo de fondos en España”, recordó.
En España durante estos meses los trabajos principales de la CNMV han estado relacionados con la atención a las condiciones de liquidez de los activos de las carteras de los fondos y con la evolución de los reembolsos en las distintas entidades, todo ello en contacto con las gestoras y con el fin de seguir la situación y recordarles sus obligaciones y las herramientas de gestión de la liquidez que tenían disponibles. En este sentido, la CNMV dio indicaciones sobre la conveniencia, en ciertos casos, de valorar al precio bid o de aplicar esquemas de swing pricing.
En relación con las herramientas macroprudenciales disponibles cabe señalar la introducción, en el Real Decreto-ley 11/2020, de la posibilidad de establecer con autorización o por decisión de la CNMV de periodos de preaviso para los reembolsos sin sujeción a los requisitos de plazo, importe mínimo y constancia previa en el reglamento de gestión aplicables con carácter ordinario. “Afortunadamente no ha sido necesario hacer uso de esta herramienta”, indicó Albella.
Crecimiento de las sicavs
En su intervención, hizo balance de la evolución de las IICs, las gestoras en España (en junio de 2020 había registradas 124, 23 más que en 2016, aunque este año el número de gestoras se ha estabilizado) y también de la inversión alternativa, mostrando el reducido peso (del 1%) de los fondos de inversión libre sobre el patrimonio total de las IICs pero el crecimiento en el capital riesgo. “A lo largo de 2019 el patrimonio de las ECR registradas en la CNMV, fondos y SCRs, se incrementó un 24,2%, hasta superar los 13.000 millones de euros. No disponemos todavía de datos de patrimonio correspondientes a este año, pero todo indica que a lo largo de los ocho primeros meses de 2020 ha continuado el dinamismo en el sector: se han registrado en la CNMV 63 entidades más (55 vehículos de inversión y ocho gestoras). En estos momentos tenemos 226 fondos de capital riesgo, 173 SCRs. y 109 SGEIC”, indicó Albella.
Y también ha seguido habiendo movimiento en lo que se refiere a entidades de inversión colectiva cerradas no clasificadas como capital riesgo: 11 más en los ocho primeros meses de 2020, con lo que a 31 de agosto había registrados un total de 57 vehículos de esta categoría, que goza de la máxima flexibilidad en cuanto a política de inversión.
“En todo caso, la expansión durante los últimos años en lo que respecta a entidades registradas en la CNMV en el ámbito del capital riesgo, que ha de considerarse un fenómeno muy positivo para nuestra economía, se inscribe en el gran crecimiento del sector a nivel internacional”, matizaba Albella: “Cada vez es mayor el número de grandes gestoras y fondos de capital privado y capital riesgo activos a nivel internacional, y su interés por España ha sido muy visible durante la última década y sigue siendo muy relevante”.