La entrada en vigor de la Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude introduce más requisitos para que las sicavs puedan beneficiarse de tributar al 1% sobre beneficios. Ante este cambio, estos vehículos tenían dos opciones, renovarse o morir, y parece que la mayoría ha optado por lo segundo.
Más del 50% de las sicavs prevén su liquidación, lo que supondría en torno a un 37% del patrimonio, y solo una minoría, alrededor del 33%, prevé continuar tributando al 1%, según ha adelantado Rodrigo Buenaventura, presidente de la CNMV, en el II Observatorio de las Finanzas. Sin embargo, estos datos se ha extraído de las comunicaciones que han hecho las sicavs sobre sus intenciones a la CNMV, pero a pesar de que han recibido propuestas de gran parte de ellas, Buenaventura ha advertido de que aún faltan algunas. “Las próximas semanas seguiremos insistiendo en que las sicavs informen de la vía que van a tomar”, ha señalado.
Además, el presidente de la CNMV ha expresado su deseo de que una parte importante de los 28.000 millones de euros que están en sicavs puedan retenerse a través de otros vehículos de inversión colectiva españoles y no emigren a otras jurisdicciones.
El objetivo de las reformas europeas: atraer a inversores minoristas
El presidente de la CNMV también ha reservado un tiempo de su ponencia para comentar las otras reformas que se han planteado para el sector de la inversión colectiva a nivel europeo y ha puesto el foco en las reformas sobre la directiva de UCITS y de fondos alternativos y las reformas sobre los fondos de inversión a largo plazo (ELTIF).
“Las dos reformas, promovidas por la Comisión, tratan de impulsar la inversión colectiva de una forma eficaz y segura para atraer más inversores minoristas. Se pretende orientar y cumplir los objetivos de Capitals Market Union y potenciar los mercados de valores, algo más que necesario a la luz de los volúmenes de inversión que requeriremos ligados a transformación medioambiental y digital”, ha señalado Buenaventura.
La propuesta de reforma de directivas de fondos de inversión supone tres modificaciones. En primer lugar, la introducción de requisitos normativos sobre las herramientas de gestión de liquidez de los fondos de inversión. Una medida que Buenaventura valora como “muy positiva” y que espera que aborde y calme ciertas inquietudes sobre posibles riesgos sistémicos en algunas figuras de fondos de inversión.
Otra de las modificaciones se da en el régimen de reporting a las autoridades supervisoras de parte de las gestoras y de las autoridades a la ESMA. “Su utilidad es reducida porque no incorpora un reporte de las posiciones individuales en carteras”, ha criticado Buenaventura, señalando que, además, eso es algo que se lleva haciendo en España desde 1990.
“Con estas dos normas se podría decir que la Unión Europea está incorporando el modelo español de supervisión que hace décadas que incorpora ambas”, ha añadido.
La tercera modificación se enfoca a los fondos alternativos de préstamos. La norma actual solo permite la participación de inversores profesionales, impide su apalancamiento e imposibilita la condición de préstamos a personas físicas. Las modificaciones que se plantean determinan una propuesta mucho más flexible. Por un lado, podrán conceder préstamos directamente a minoristas, algo que Buenaventura no ve cómo un riesgo significativo, pero señala que tampoco determina una diferencia sustancial en la disponibilidad de crédito de los ciudadanos europeo.
Por otro lado, la reforma contempla que el fondo se deba cerrar cuando el total de préstamos suponga el 60% de los activos bajo gestión, “una cifra elevada que puede plantear problemas de liquidez o de igualdad de trato”, ha advertido Buenaventura.
Nuevo reglamento para los fondos a largo plazo
En lo que respecta al reglamento de fondos a largo plazo (ELTIF), las modificaciones están dirigidas a impulsar esta tipología de vehículos que, según señala Buenaventura, ha tenido poco éxito.
Introduce dos puntos. En primer lugar, plantea una suerte de mercado secundario de participaciones que permita que los inversores minoristas no tengan que esperar a que finalice la vida del producto y tengan un mecanismo para revender sus participaciones. “Es una idea encomiable pero no podrá asegurar la liquidez de los inversores”, advierte Buenaventura.
El segundo punto se refiere a los requisitos de comercialización con el objetivo de ampliar la base inversora de los fondos y elimina el importe mínimo de suscripción de 10.000 euros, el umbral del 10% sobre el patrimonio financiero del cliente, y la necesidad de contar con asesoramiento profesional. Solo mantiene el test de idoneidad y una advertencia en caso de que el vehículo tenga un horizonte de inversión superior a 10 años.
“La ampliación de la base inversores es necesaria, pero hay que reforzar los procedimientos de información para evitar que con estas nuevas características se den excesivos riesgos de concentración o iliquidez en las carteras de los minoristas”, alerta Buenaventura.
Por Marcelo Soba