El tiempo se agota y la entrada en vigor de la nueva normativa europea es una preocupación y una ocupación importante para el sector financiero. Tanto es así que los representantes del sector ya reconocen abiertamente que no van a llegar a 2018 con los deberes hechos. Durante una jornada sobre regulación financiera organizada por Inverco, Patricia Rodriguez, asesora de la Asociación Española de Banca (AEB), ha señalado que “vamos muy mal de tiempo porque los procesos de las entidades son muy lentos”.
Pero el problema no sólo radica en la falta de tiempo sino en cierta dosis de incertidumbre asociada al proceso de trasposición de la normativa. En palabras de Ignacio Santillán, director general del Fondo General de Garantía de Inversiones (Fogain) “tenemos seis meses para hacer algo que no sabemos qué es”.
A la espera de que el ministerio de Economía publique el borrador de la trasposición de la directiva a finales de este mes o principios del siguiente, la incertidumbre dentro del sector es elevada.
Entre los aspectos regulatorios que más preocupan está el tema de las retrocesiones que, con MiFID II estarán prohibidas en las gestoras que se declaren independientes y tendrán que estar justificadas mediante la aportación de valor añadido en el resto. Según Alberto Martín del Campo, subdirector de legislación del Ministerio de Economía y Competitividad, tras la consulta pública realizada por el organismo, “la mayor parte del sector no ve necesario añadir requisitos adicionales en este tema salvo las asociaciones de consumidores”. Algo que ha alarmado a la asesora de la AEB quien admite que “algo debemos estar haciendo mal en el diálogo con los consumidores” para que se muestren a favor de un cobro de comisiones “ex ante”.
Otro aspecto que levanta ampollas en el sector se refiere al modelo en sí mismo. Desde Unacc, Miguel García Eulate, ha defendido el modelo actual de comercialización ya que “tenemos muy claro el drama que supondría la creación de una lista negra” en relación a la diferenciación entre quienes sí cobren las citadas retrocesiones (y justifiquen ante el cliente ese valor añadido) y quienes no lo hagan. Para Alfredo Oñoro, jefe de cumplimiento normativo en CECA, el modelo actual es uno de los mejores de Europa y “nos están intentando imponer el modelo anglosajón” que hace tres años se implantó en Reino Unido.
La formación de los profesionales y el perfil del inversor
MiFID II tiene entre sus principales objetivos, además, mejorar la formación de los profesionales que se ponen delante de los clientes y les informan y/o asesoran en materia de inversión. Para ello, establece una formación y experiencia mínima y dos vías para acreditarla. Por un lado, se contempla la certificación externa mediante titulaciones ya existentes y, por otro, que las entidades financieras puedan formar a sus empleados cumpliendo ciertos requisitos.
Para Rodríguez, en ambas opciones “el precio a pagar es la enorme responsabilidad que queda en manos de las entidades”. En cuanto a la supervisión que se exigirá, se recela del hecho de que “personas que llevan muchos años trabajando tengan que hacerlo bajo supervisión de aquellos empleados que sí cuenten con la certificación requerida. “El servicio se verá reducido a un tercio y el impacto va a ser brutal”, señala.
Por otra parte, la directiva establece que los distribuidores evalúen el perfil de inversión del cliente para evitar que adquieran productos de riesgo elevado. En palabras de José Maria Marcos Bermejo, director general de entidades de la CNMV, “la mejor forma de proteger al inversor es evitar una mala venta o un producto que no está diseñado para él”.
Sobre el tema, existen todavía «muchísimas dudas», criticó Santillán, quien cree que «es muy difícil entender el objetivo de una norma cuando hablamos de productos más conservadores. Es intentar resolver un problema que no existe», puntualiza.
Desde el punto de vista de Rodríguez, “lo que preocupa es como se conjugan las categorías de productos en clientes a los que no les encaje un producto sino varios” ya que no deberá haber ninguna preferencia por ningún producto de inversión.
Por Alicia Miguel Serrano
