La Asociación Española de FinTech e InsurTech (AEFI) ha cumplido el principal objetivo desde su constitución, hace menos de un año: el lanzamiento del Libro Blanco de la Regulación FinTech en España. Se trata de una iniciativa que busca impulsar un marco de ideas y propuestas de cambios normativos que favorezcan la actividad empresarial de operadores FinTech en el sector financiero en nuestro país. Dichos cambios normativos se han identificado como nucleares para contribuir positivamente a la mejora de la competitividad de la industria financiera (banca, servicios de inversión y seguros), en interés de los consumidores.
Jesús Pérez, presidente de la AEFI, ha presentado el Libro Blanco en el marco del IV Foro Fintech, explicando que “uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta nuestra sociedad es la distribución de la riqueza. Es complicado que esto suceda mientras el acceso a la inteligencia financiera sea algo costoso y no al alcance de todos. Es por tanto una obligación como sociedad buscar la democratización de las finanzas”. Asimismo ha destacado que “la tecnología ha venido a permitir poder avanzar en este objetivo y lo que actualmente se conoce como FinTech (Finance & Technology) viene a revolucionar el mundo financiero tal y como lo conocemos. Permitiendo que el acceso a servicios financieros sea cada día más eficiente, que sea mucho más accesible y que sea mucho más transparente”.
Las FinTech engloban todas aquellas actividades que impliquen el empleo de la innovación y los desarrollos tecnológicos para el diseño, oferta y prestación de productos y servicios financieros. La AEFI, con el apoyo de casi 90 empresas asociadas y especialmente de IPF Digital, Inversis Banco, Digital Origin, Housers, Ebury, Savso, Kreditech y, el IEB como partner académico, pretende con esta iniciativa impulsar un ejercicio de estudio y recomendación de cambio normativo, respecto de la regulación aplicable al acceso y desarrollo de diferentes actividades financieras ligadas al sector FinTech.
Desde la asociación exponen que “en el contexto económico y político actual, la falta de proactividad de los poderes públicos a la hora de realizar acciones concretas para proceder a la regulación del fenómeno FinTech, implicaría una clara desventaja competitiva que se traduciría en una salida de capital y de empresas hacia entornos regulatorios más seguros”. A diferencia de España, la mayoría de los países de nuestro entorno, han iniciado o están en trámites de iniciar proyectos piloto para diseñar un marco normativo comprensivo del fenómeno FinTech. “Garantizar una mayor seguridad jurídica para la entidades españolas y desarrollar un entorno regulatorio atractivo para el capital extranjero está al alcance de las autoridades nacionales”, matiza Pérez.
El Libro Blanco recoge propuestas regulatorias para el fomento del desarrollo de las entidades FinTech por parte de los distintos supervisores, bajo un marco de innovación, para las distintas verticales o grupos de operadores/emprendedores que han desarrollado iniciativas englobadas en el sector Fintech divididas en: asesoramiento y gestión patrimonial, finanzas personales, financiación alternativa, crowdfunding y crowdlending, crowd equity, crowdfunding/lending sobre activos o bienes tangibles, servicios transaccionales/divisas, medios de pago, infraestructura financiera, criptocurrencies & blockchain, InsurTech, identificación online de clientes y bigdata.
Pérez ha explicado que el Libro Blanco “no plantea una regulación ad-hoc para las entidades FinTech en España ajena al ordenamiento jurídico aplicables al sector financiero en sus tres industrias (entidades bancarias e instituciones financieras, empresas de servicios de inversión y compañías de seguros y figuras especializadas como operadores de banca-seguros, mediadores, agentes, etc.), sino identificar qué aspectos vigentes en las condiciones de acceso a las actividades sujetas a reserva de actividad y en las condiciones aplicables al ejercicio de tales actividades financieras deberían ser objeto de revisión y mejora para adecuar dicho marco legal y reglamentario a nuevas formas de prestar servicios financieros”.
En la actualidad se demandan servicios financieros innovadores, que beneficien y respondan a los intereses de los consumidores, incrementen la competitividad del sector, siempre respetando las limitaciones que derivan “per se” de un ecosistema sujeto a la supervisión prudencial y de conducta de las autoridades administrativas, a nivel nacional como son el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, y a nivel comunitario, Banco Central Europeo, ESMA y EIOPA.
Experiencias en el ámbito comparado
El Libro Blanco expone las distintas iniciativas desarrolladas por parte de las autoridades públicas de jurisdicciones extranjeras, con el fin de desarrollar una adaptación regulatoria para el fenómeno FinTech.
Reino Unido ha sido el pionero en el desarrollo de incentivos regulatorios para el desarrollo de entidades FinTech. A través de la Financial Conduct Authority (en adelante “FCA”), se lanzó la iniciativa “Project Innovate” con la finalidad de fomentar la innovación en interés de los consumidores y promover la competencia. Dentro del Project innovate se han desarrollado distintas iniciativas como el Regulatory Sandbox (plataforma para el desarrollo de start ups en el ámbito FinTech) o los call for input por los cuales la FCA recibe información sobre las necesidades de los distintos interlocutores.
La autoridad monetaria de Singapur (MAS) creo en 2015 el Financial Technology Group (en adelante, “FTG”) como órgano encargado del desarrollo de políticas que faciliten el uso de la tecnología e innovación y mejorar la eficiencia y competitividad del Sector Financiero. Dentro de las actuaciones desarrolladas por el FTG, cabe destacar la creación de un Regulatory Sandbox.
En el caso alemán, su desarrollo se ha instrumentado a través de la autoridad federal de supervisión financiera (BaFin) y su actividad se ha centrado en una doble vía: publicación de guías respecto de distintas actividades (e.g. moneda virtual, crowdfunding) y realización de eventos FinTech.
En Francia, en 2016, la Autorité des Marchês Financiers (“AMF”) ha creado la división de FinTech, Innovación y Competitividad (FIC) con la finalidad de responder a los cambios en los patrones de consumo que se han visto modificados como consecuencia de las innovaciones producidos en el sector.
Propuestas regulatorias
En primer lugar, el Libro Blanco contempla una serie de medidas transversales para fomentar el desarrollo de las entidades FinTech, básicamente:
El marco de medidas regulatorias para fomentar la innovación financiera, definido de manera análoga al Regulatory Sandbox inglés que preservando la protección de los consumidores, la integridad del mercado y niveles adecuados de supervisión regulatoria integre facilidades normativas para el acceso y ejercicio de nuevos operadores así como para los operadores tradicionales les permita un entorno más simple para desarrollar nuevas actividades o lanzar más rápidamente productos o servicios al mercado.
El establecimiento de unidades o divisiones de asesoramiento dentro de los distintos supervisores como mecanismo para prestar asistencia a las entidades FinTech en el procedimiento de autorización requerido para acceder, en su caso, a la actividad regulada así como una vez con licencia, poder favorecer medidas simplificadas de cumplimiento normativo bajo determinadas condiciones siempre que se protejan adecuadamente los intereses de los consumidores.
El Programa Open Banking and Insurance como una iniciativa para fomentar el intercambio de información entre entidades mediante el desarrollo de un API de acceso abierto.
Otras actividades transversales, destacando, entre otras, la realización de un Foro FinTech, así como convenciones que pongan en contacto a representantes de todo tipo de entidades tanto nacionales como internacionales vinculadas al Sector Financiero.
En segundo lugar, se desarrollan los verticales identificados, señalando para cada uno de ellos las principales barreras normativas y de desarrollo de la actividad identificadas y, las propuestas de modificación regulatoria atendiendo a dichas barreras que afecten, bien en el régimen de acceso, de desarrollo de la actividad o en el régimen de salida. Como ejemplo, en el caso del asesoramiento y gestión patrimonial, se incluyen cuatro tipos de entidades: las redes de inversión; las que prestan el servicio de asesoramiento en materia de inversiones de manera automatizada; aquellas que prestan servicio de gestión automatizada; y las plataformas de negociación. Dado que el principal obstáculo consiste en que para prestar estos servicios, las entidades han de constituirse como empresas de servicios de inversión la actuación propuesta consiste en la simplificación de los requisitos para la autorización de las ESIs.
Beneficios de la regulación FinTech
La tipología de productos o servicios que ofrecen o pueden ofrecer las FinTech integran un alto nivel de innovación o significativamente distinto de lo ofertado en el mercado. Se trata de proveedores de servicios o productos financieros que evidencian un claro beneficio para los consumidores, entidades que están en condiciones de probar que están preparadas para operar en el mercado real o que ya desarrollan de facto actividades sujetas a reserva de actividad en el sector financiero.
En conjunto, las empresas asociadas a la AEFI, estiman que es necesario adoptar medidas para el desarrollo de entidades FinTech, señalando tres claros beneficios para el conjunto de la economía española, que determinan la necesidad de crear un marco regulatorio apropiado: la contribución de FinTech al sector financiero, a través de una reducción de los problemas de información asimétrica, en tanto que una de las funciones que desarrollan algunas entidades FinTech consiste en recabar información de los consumidores y, por otra parte, un aumento de la competencia en el sector; el posicionamiento de FinTech como un driver para la mejora competitiva de la industria financiera española respecto de otras jurisdicciones del entorno económico (siempre con plena observancia de la normativa europea); y la mejora de la accesibilidad a los servicios y productos financieros (debe tenerse en consideración que las propias entidades FinTech se han convertido en proveedores de servicios para los operadores financieros tradicionales).