La Ley de Delitos Económicos y Ambientales aprobada recientemente en Chile fue la protagonista del seminario realizado por KPMG Chile, REDMAD y el Colegio de Abogados. En la instancia, los profesionales delinearon el potencial impacto por multas de la normativa, aunque hicieron un llamado a “preocuparse, pero no asustarse”. Esta nueva normativa, aseguraron, puede ser una oportunidad para fortalecer las prácticas de la compañía.
En la instancia –llamada “Nuevo paradigma de responsabilidad penal para las empresas y su alta dirección–, delineó la consultora a través de un comunicado, se discutieron las implicancias legales y de gobierno corporativo de la ley. Las exposiciones estuvieron a cargo de Edmundo Varas, director de KPMG Law, y Karin Eggers, Head of ESG de la firma.
Varas destacó que la nueva regulación no trae un marco penal diferente al que ya se conocía en Chile, “sino que entramos a un sistema de penas y agravantes especiales, en el que, dependiendo del tipo de la falta, tiene sanciones más altas”. Estas multas, indicó, llegar a los 157 millones de dólares, en el caso de las empresas, y a 23 millones de dólares, para las personas naturales.
En esa línea, el especialista dijo que el potencial impacto de la legislación ha generado ansiedad y temor en distintas organizaciones. Sin embargo, indicó, mirándola en un contexto global, se enmarca con los estándares internacionales. “Si uno revisa en detalle, gran parte de los delitos que establece la nueva ley ya estaban incorporados en el estatuto anterior, entonces la mayoría de las instituciones tienen medidas implementadas dentro de sus procesos y cultura corporativa”, agregó en la nota de prensa.
Por su parte, Eggers aseguró que la normativa se traduce en una oportunidad para integrar de manera más robusta los aspectos ASG en las organizaciones. “Cuando nos referimos a impactos en los gobiernos corporativos, hablamos de corrupción y cosas que pudiesen dañar el valor de las instituciones. Por lo tanto, estamos frente a una gran oportunidad para integrar los aspectos ASG en los gobiernos corporativos y a identificar y evaluar posibles riesgos ambientales y sociales”, comentó.
Panel de conversación
Luego, se llevó a cabo un panel integrado por Myriam Gómez, socia del Colegio de Ingenieros; Patricia Sabag, socia de REDMAD; y Andrés Martínez, socio líder de Consultoría Tributaria de KPMG Chile, quien estuvo a cargo de moderar la conversación.
Si bien Sabag comparte el diagnóstico de que “muchas de las prácticas de las que habla la ley ya estaban incorporadas”, en su experiencia, y que la legislación ha tenido una buena recepción, advirtió sobre la bajada práctica. “Es importante que, al momento de ejecutar los nuevos estatutos, el manejo de la información no dependa de una gerencia en particular, sino que del directorio de la compañía”, recalcó.
Por su parte, Gómez se refirió a los desafíos que enfrenta la alta dirección de las empresas, enfatizando que “aquí es fundamental que esto sea parte integral de la cultura de las organizaciones y este proceso debe venir acompañado con ajustes en los sistemas, de capacitaciones y con asesoría externa de profesionales expertos en la materia».
Otra parte relevante, a su parecer, es la cadena de valor de las empresas. “Efectivamente no sólo las va a afectar en sí mismas, sino que también a sus proveedores. Por lo tanto, las más grandes van a tener que guiar a las que son más pequeñas”, comentó en el seminario.
Por Funds Society
