Según el último estudio de MainStreet Partners -en el que han analizado más de 7.000 fondos-, aproximadamente 1.800, es decir, el 25%, emplean terminología afectada por las nuevas normativas de ESMA. Esto supone un gran reto para las gestoras, pero también para los inversores. Sobre ello hemos hablado con José María Gallardo Varo, director de MainStreet Partners, en esta entrevista.
Según su estudio, hasta un 25% de los fondos ESG deberá de cambiar su nombre tras la nueva normativa de ESMA, ¿no es mucho? ¿Qué valoración hace de esta cifra?
Efectivamente, un 25% es un porcentaje considerable, pero no necesariamente sorprendente. La nueva normativa de ESMA ha establecido criterios mucho más rigurosos para el uso de términos relacionados con la sostenibilidad en el nombre de los fondos, lo que refleja una intención clara de proteger al inversor de un potencial riesgo de greenwashing.
En mi opinión, es un ajuste útil para garantizar que los fondos que se presentan como ESG o sostenibles realmente cumplan con los estándares de sostenibilidad. Lo vemos como un paso positivo en lo que se refiere a proporcionar una mayor transparencia al sector.
¿A qué cree que se debe que los fondos más afectados por este cambio sean los correspondientes al artículo 8?
Los fondos artículo 8 bajo SFDR están diseñados para promover características ambientales y sociales, pero no tienen la obligación de cumplir con el mismo nivel de inversión sostenible que los fondos artículo 9, los cuales tienen objetivos de sostenibilidad establecidos, medibles y claros. De hecho, haciendo referencia a otro estudio realizado por MainStreet Partners, descubrimos que aproximadamente el 23% de los fondos catalogados como sostenibles que analizamos (que en su mayoría son artículo 8) están expuestos a potencial riesgo de greenwashing. Las nuevas directrices de ESMA exigen una mayor claridad y rigor en cuanto a las características sostenibles que se promueven, por lo que se entiende que los fondos artículo 8 existentes serán en consecuencia los más afectados.
Según su opinión, ¿qué parte es la más compleja de los cambios que ha hecho ESMA? ¿Puede que la parte de las exclusiones?
Una de las áreas más desafiantes, sin duda, es la relacionada con las exclusiones. ESMA ha puesto énfasis en asegurar que los fondos que usen en sus nombres terminología relativa a aspectos sostenibles excluyan sectores que no estén alineados con el Acuerdo de París. En la práctica, implica el no invertir, por ejemplo, en empresas cuya actividad es el cultivo y producción de tabaco, en empresas con ingresos del 10% o superiores derivados de actividades relacionadas con combustibles fósiles o en empresas que no cumplan el Pacto Mundial de la ONU o los Principios de la OCDE. Gestionar estos requerimientos sobre exclusiones puede ser un reto para muchas gestoras, por lo que contar con datos robustos, actualizados y de calidad es fundamental. Desde el punto de vista reputacional, aquellos fondos catalogados como sostenibles que no se ajusten adecuadamente a las nuevas normativas de ESMA, y, por lo tanto, se expongan a un potencial riesgo de greenwashing, podrían enfrentarse a cierta pérdida de confianza por parte de los inversores. Por otra parte, aquellas gestoras que se adapten con éxito a ellas y demuestren un fuerte compromiso con la transparencia en lo que a inversión sostenible se refiere podrían ver una mejora en su reputación a medio y largo plazo.
¿Cree que para cumplir la normativa van a producirse fusiones entre fondos o incluso su desaparición?
Es probable que sigamos viendo fusiones de fondos sostenibles, sobre todo entre aquellos que no pueden cumplir los requisitos de manera independiente, y esta consolidación del mercado será una forma efectiva de optimizar carteras y cumplir con los nuevos umbrales de sostenibilidad. En algunos casos, los fondos que no sean viables bajo la nueva normativa podrían verse obligados a desaparecer o reorientar completamente su estrategia de inversión.
De hecho, según un estudio reciente, en lo que llevamos de año, 379 fondos sostenibles se han fusionado o han cerrado. Sin embargo, esto no es necesariamente un ejercicio negativo, ya que contribuirá a depurar el mercado de productos que no cumplan con los estándares de sostenibilidad esperados.
¿Se puede ver reducida la oferta de fondos sostenibles por esta normativa?
Es posible que a corto plazo veamos una reducción en la oferta de fondos sostenibles ya existentes debido a los requisitos más estrictos, pero no creo que vaya a ser una tendencia permanente, ya que a medida que las gestoras se vayan adaptando a las nuevas normativas, veremos una reconfiguración de los fondos sostenibles disponibles, que además incluirán mayor claridad y rigor. Esto, en última instancia, será positivo para el sector de la inversión sostenible, ya que los fondos que se mantengan o se lancen bajo estas normativas serán más robustos y transparentes en lo que a sostenibilidad se refiere.
De cara a cumplir con ese 80% de inversiones sostenibles, ¿se puede esperar cambios considerables en las carteras de los fondos?
Como comentábamos con anterioridad, según un estudio realizado por MainStreet Partners, aunque la cantidad actual de fondos afectados tanto en nomenclatura como en exclusiones es relevante, el porcentaje de activos bajo gestión impactados es relativamente bajo. Entendemos que, lo más probable, es que los gestores de estos fondos afectados busquen liquidar sus participaciones en aquellas empresas que no cumplan con las exclusiones; sin embargo, una cantidad reducida de gestores optaría por cambiar el nombre de sus fondos afectados.
¿Considera factible para los fondos cumplir con la nueva normativa en el plazo estipulado? ¿Cree que habrá algún tipo de prórroga para aquellos fondos que no cumplan con el plazo acordado?
En referencia a los tiempos, los fondos ya existentes antes del 21 de noviembre de este año tendrán hasta el 21 de mayo de 2025 para adaptarse a las nuevas normativas, mientras que los de nueva creación (a partir del 21 de noviembre de 2024) deberán hacerlo de manera inmediata. Estos plazos son ambiciosos, pero posibles de cumplir para aquellos fondos que ya tienen una estructura ESG robusta. Las fechas han sido confirmadas en agosto de este año, y hoy en día, no hay constancia de ninguna potencial prórroga para la implementación.
¿Consideras que esta normativa de ESMA es eficiente para evitar el greenwashing de cara al inversor?
Estas nuevas directrices de ESMA son, sin duda, un paso adelante para continuar la lucha contra el greenwashing ya que, al aumentar los requerimientos y la transparencia, se exige a la vez que las gestoras de fondos proporcionen una definición más clara y consistente de sus estrategias de inversión sostenible; y esto mejora la protección de los inversores.
Sin embargo, aunque sea un paso importante hacia ello, una normativa por sí sola no resolverá el problema del riesgo de greenwashing; y va a ser crucial un ejercicio conjunto de todos los jugadores del mercado para conseguirlo.
Por Funds Society, Madrid
