La imposición de sanciones y medidas en virtud de MiFID II ha aumentado en comparación con los dos últimos años, tanto en términos de sanciones y medidas como de importes pecuniarios. En general, en 23 (de 30) estados miembros de la UE/EEE (Espacio Europeo Económico), los supervisores nacionales impusieron 613 sanciones y medidas en 2020, las cuales tuvieron un valor agregado de 8.400.430 euros, según el informe anual de la ESMA.
Del total, solo siete países no impusieron ninguna sanción, mientras que Bulgaria (195), Luxemburgo (108) y Bélgica (103) impusieron el mayor número de sanciones. Sin embargo, si atendemos a la cuantía de las multas, España es el país que sanciona con multas más altas, superando la cifra de 2.300 millones de euros e imponiendo, tan solo, dos sanciones, una a Santander y otra a CaixaBank. Detrás se sitúa Chipre, con 1.900 millones de euros y 9 sanciones.
En España, CaixaBank sufrió la multa más cuantiosa, debido a una infracción catalogada como “muy grave” la entidad fue multada con 2.000 millones de euros por la CNMV. La multa se originó por “el incumplimiento de la obligación recogida en el artículo 214 de la citada norma (Ley del Mercado de Valores), al recabar información de los clientes para la evaluación de la conveniencia que permitía presumir la conveniencia sobre instrumentos financieros complejos inadecuadamente”.
Por su parte, Santander al cometer también una infracción grave, recibió una multa de 300.000 euros. La sanción se ha impuesto por “la vulneración de los dispuesto en el artículo 214 del mismo texto legal en lo relativo a la información recabada de clientes minoristas personas físicas para la evaluación de la conveniencia”.
Si echamos la vista a atrás, el número de sanciones y la cuantía de las multas en Europa ha seguido una tendencia creciente. En 2018, se impusieron un total de 117 sanciones que representaron 1.264 millones de euros. En una segunda versión del informe, publicada en 2019, los números incrementaron, con un total de 371 multas, valoradas en 1.829 millones de euros. No obstante, los autores del informe anual de la ESMA del que se extraen los datos advierten de que siguen existiendo diferencias en la identificación de las sanciones y medidas a efectos de la notificación a la ESMA, así como en la distinción entre ellas. En consecuencia, las cifras de este Informe sobre el número de sanciones y medidas impuestas deben leerse con cautela.