La situación “en funciones” no se aplica solo al Gobierno, sino también a las principales instituciones y organismos reguladores públicos. Es el caso de la CNMV, cuya expresidenta Elvira Rodríguez vio expirar su mandato el pasado 5 de octubre sin que el Comité Ejecutivo alcanzase un acuerdo para mantenerla en el cargo hasta la formación de un Gobierno que decida a su sustituto.
Para facilitar su funcionamiento, el Consejo de la CNMV ha establecido un nuevo orden de competencias que establece que será este órgano, y no el Comité Ejecutivo, el que asuma las funciones más relevantes y significativas de la institución.
Según un comunicado remitido por el regulador, el resto de competencias, de carácter más operativo, han sido delegadas en el nuevo presidente con objeto de que la institución pueda ajustar su actividad supervisora diaria al ritmo de las necesidades de los participantes en los mercados. Juan Manuel Santos-Suárez, el consejero no nato de mayor antigüedad, asumió el pasado 6 de octubre las funciones de presidente y vicepresidente para evitar el bloqueo de la institución.
La expresidenta Elvira Rodríguez y la exvicepresidenta Lourdes Centeno seguirán ligadas a la CNMV como “asesoras en materias relacionadas con el mercado de valores” pero sin percibir ninguna retribución económica por ello.
Según la CNMV, con todas estas medidas se asegura la continuidad y el cumplimiento de las atribuciones de supervisión y protección de los inversores que tiene encomendadas el organismo.
Elvira Rodríguez, quien asumió el cargo de presidenta de la CNMV el 6 de octubre de 2012, al igual que Lourdes Centeno, ya había adelantado en los actos con motivo del Día de la Educación Financiera que su futuro estaba determinado por “los dos años de incompatibilidad absoluta o casi absoluta para un montón de cosas” que fija el reglamento.
Ese mismo reglamento es el que permite el asesoramiento al regulador durante los dos años que dura la incompatibilidad sin que esto suponga un aumento de las dotaciones presupuestarias.