El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2019 (LPGE 2019), publicado este lunes, da poderes a la Administración Tributaria para comprobar que el número de accionistas requerido a las sociedades de inversión de capital variable (sicavs) españolas sea como mínimo de 100 (el número previsto en el artículo 9.4 de la ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, que regula a estas figuras, y que actualmente fija un centenar).
Así lo recoge el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019, en su Disposición final decimosexta, que modifica la Ley 23/2005, de 18 de noviembre, de reformas en materia tributaria para el impulso a la productividad.
Con respecto a esta cuestión, la Asociación Española de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco) denuncia que en España las sicavs tienen peor tratamiento que en Europa. Así, recuerda que las sicavs están reguladas por las directivas europeas desde hace más de 30 años, y en ellas se establecen los requisitos que debe reunir este vehículo de inversión, existente en todos los países de Europa. “Además de los requisitos establecidos a nivel europeo (transparencia, supervisión y diversificación, entre otros), las sicavs españolas ya tienen un régimen más exigente, pues adicionalmente deben contar con un número mínimo de cien accionistas, no previsto en la directiva ni en la práctica totalidad de países. Esta diferencia ya supone en la actualidad un peor tratamiento para las sicavs españolas”.
En su opinión, la actual encomienda a la Administración Tributaria de la potestad para comprobar el cumplimiento del número mínimo de accionistas, prevista en la LPGE 2019, “no hace sino alejar aún más a las sicavs españolas del régimen europeo, lo que resultará perjudicial para la actividad de gestión española, con sus correspondientes efectos negativos sobre la financiación de la economía, la generación de empleo y la recaudación de impuestos, al desplazar sus inversiones, así como los puestos de trabajo y los ingresos fiscales derivados de su actividad, hacia otras jurisdicciones comunitarias”, advierte.
Inverco recuerda el papel de las sicavs en la financiación de la economía nacional: “Las sicavs españolas tienen un claro sesgo inversor hacia los activos domésticos, invirtiendo casi un tercio de su patrimonio (30.832 millones de euros) en activos españoles, cuando el peso de España en los índices mundiales no supera el 2%. Además son gestionadas, custodiadas, asesoradas, auditadas y distribuidas por entidades en su mayoría españolas, cuya actividad, unida a la tributación de sus accionistas, genera unos ingresos fiscales que se estiman en 340 millones de euros anuales”, dice.
Y recuerda que “contribuyen, asimismo, junto con los restantes vehículos de inversión colectiva, a la generación directa e indirecta de más de 30.000 puestos de trabajo de alta cualificación”.
Por Alicia Miguel Serrano
Por Funds Society, Madrid