Francisco Moreno, subsecretario de Hacienda de Chile, presentó de nuevo la semana pasada ante la comisión del Senado el proyecto de supervisión de la industria aseguradora basada en riesgos cuya tramitación se ingresó en el congreso en 2011 y quedo paralizada en 2013.
La reforma largamente esperada por el sector puesto que actualmente operan bajo dos esquemas, es para el subsecretario de hacienda «el cambio más importante para la industria aseguradora de los últimos 30 años.» Los organismos internacionales como el Banco Mundial, FMI y OCDE han recomendado su pronta incorporación, por lo que se espera el proyecto de ley sea aprobado en breve.
Debido al alto volumen de las inversiones de las compañías de seguros chilenas, que ascendían a 67.200 millones de dólares a marzo 2018 y que representa cerca del 20% del producto interior bruto nacional, el Consejo de Estabilidad Financiera reconoció esta iniciativa como de importancia sistémica ya en 2013. La presentación del subsecretario a la comisión del Senado destaca especialmente la importancia de las compañías de vida por su alto volumen de inversión, las cantidades abonadas en concepto de pensiones y por las garantías que otorga el estado a la pensión básica solidaria. Igualmente señalan, que la diferencia creciente entre la rentabilidad ofrecida al asegurado y la tasa libre de riesgo ha provocado que las aseguradoras asuman mayores riesgos que requieren una mejor y mayor supervisión.
En concreto, el proyecto de ley trata de reemplazar el sistema actual basado en reglas y limites rígidos por un sistema de supervisión adaptados al perfil de riesgo de cada compañía y evitará la convenencia de ambos esquemas El sistema comprenderá dos niveles: un primer pilar cuantitativo que fijará los requerimientos mínimos de capital y flexibilizará el régimen de inversiones y un segundo nivel de supervisión cualitativo que recogerá los sistemas de evaluación de las compañías aseguradoras.
Con respecto al primer pilar, el proyecto establecerá modificaciones en los requerimientos de capital mínimos proponiendo para el cálculo del capital basado en riesgo “CBR” un enfoque de situaciones de estrés o de pérdidas significativas de los distintos tipos de riesgos (técnicos, operacionales o de activos) corregidos por la diversificación de los mismos y políticas de mitigación definidas por las compañías. El proyecto de ley contempla permitir a las empresas la definición de modelos internos de cálculo de su capital mínimo.
En segundo lugar, el primer pilar, contempla la flexibilización de normas de inversión, frente al régimen actual fijado por ley, proponiendo la eliminación de los límites de inversión y que sean los directorios de las entidades los encargados de determinar políticas de inversión adecuadas a cada compañía.
En cuanto al segundo pilar, que hace referencia a la evaluación de la solvencia de las compañías aseguradoras, establece que la CMF sea quien evalúe la solvencia de cada compañía en base a riesgos inherentes mitigados mediante el gobierno corporativo y los sistemas de gestión de riesgos y otorgue a cada entidad una calificación.
Dicha calificación se englobará dentro de cinco categorías (fuerte, adecuada, vulnerable, débil y de alto riesgo) y de acuerdo a estas, la CMF podría aplicar medidas que incluyen; requerir la presentación e implementación de planes de acción que permitan corregir y mitigar debilidades detectadas, solicitar informes externos a especialistas, prohibir nuevas inversiones en determinados activos, suspender la venta de productos específicos o incluso tomar la administración de la compañía.
Por Fórmate a Fondo
Por Alicia Miguel