Las stablecoins o criptomonedas estables siguen siendo un tema de debate. Según recoge finReg360, el Banco Central Europeo (BCE) ha reconocido la necesidad de crear un nuevo marco regulatorio. Además, la institución monetaria está tratando de cuantificar el efecto que tendría en la estabilidad financiera un acuerdo global sobre las stablecoins.
En este sentido, el BCE recoge en su Boletín Macroprudencial de mayo de 2020, un análisis en el que identifica los potenciales riesgos subyacentes de las denominadas criptomonedas estables. Básicamente, en el análisis que hace expone los desafíos que pueden suponer para la estabilidad del sistema financiero, trata de cuantificar, con una simulación, el efecto para esa estabilidad de un acuerdo global de stablecoin, tomando como referencia la criptomoneda libra, y pretende identificar el marco regulatorio en el que podrían recaer las stablecoins y asociar a los diferentes escenarios los riesgos inherentes a la naturaleza de los acuerdos ligados a ellas.
“Dada la complejidad de su estructura, las criptomonedas estables podrían caer dentro de varios marcos regulatorios diferentes o en ninguno de ellos, dependiendo de sus características específicas de diseño”, apuntan desde finReg360. En primer lugar, está la directiva de dinero electrónico por la cual si la emisión de una stablecoin representa un crédito del usuario sobre el deudor, tal y como señala el BCE, la criptomoneda estable podría caer en la definición de dinero electrónico.
“En este caso, estaría sujeta a la directiva de dinero electrónico y el dinero recibido en la emisión de esta moneda se mantendría en un banco custodio. Si, por el contrario, la stablecoin, además de representar un crédito del emisor frente al adquirente, generase un interés, se considerará al promotor como una entidad tomadora de depósitos y tendrá que solicitar una licencia bancaria como tal”, señala la firma de consultoría.
También hay que tener en cuenta cómo les afecta la normativa de las instituciones de inversión colectiva. En este caso, el promotor podría tener la consideración de institución de inversión colectiva (IIC) si en la función de gestión de activos: los usuarios tienen un derecho sobre los activos del emisor, el producto se invierte en activos financieros de riesgo no nulo, y los usuarios tienen derecho a una parte proporcional de los activos del emisor. Lo relevante es que si el acuerdo sobre las stablecoins cumpliese con estas características, caería dentro del ámbito de aplicación de las directivas UCITS3 o AIMFD,4 según la naturaleza de las inversiones. Y si la IIC invirtiese únicamente en instrumentos con un vencimiento residual inferior a dos años, se calificará entonces como un fondo de mercado monetario (FFM).
El BCE también llama la atención sobre la ausencia de un marco regulatorio más claro y los riesgos que esto puede suponer para la estabilidad del sector financiero. Según su análisis, hay diversas situaciones en las que podrían suponer un riesgo, en concreto en cuatro circunstancias: si la stablecoin alcanzase una escala mundial; si los ingresos de la venta de monedas no se mantuviesen en un depósito, sino que se invierten en activos de riesgo no nulo, ya que el valor de la moneda estaría expuesto a los riesgos financieros; si la criptomoneda estable no garantizase un valor fijo, pues el usuario final asumiría todos los riesgos y la moneda equivaldría, en esencia, a una participación en un fondo; y si los usuarios finales perdiesen la confianza en el emisor o en su red, como, por ejemplo, en el caso de que el activo subyacente pierda valor.
“Tras identificar las principales fuentes de riesgo y evaluar su efecto, el BCE concluye que, para que las stablecoins no supongan una amenaza para la estabilidad financiera, no deben funcionar sin una regulación aplicable. Por ello, se insta a los promotores de estos criptoactivos a diseñar sus acuerdos de forma que cumplan con la normativa vigente, como, por ejemplo, las directivas UCITS, AIMFD, de dinero electrónico o el reglamento de MMF. Por último, el BCE indica que ha de crearse un nuevo marco reglamentario que pueda hacer frente a los riesgos señalados y garantizar la confianza en las stablecoins. Para el BCE, este nuevo marco reglamentario ha de ser integral, holístico y coordinado internacionalmente”, señala finReg360 en su análisis.