Ha tenido lugar en el Espacio Bertelsmann de Madrid el ‘Congreso Fiscal 2023: el asesor ante la nueva fiscalidad‘, organizado por Lefebvre, empresa española de información jurídica y proveedor de software. En él se han detallado los principales retos fiscales del sistema tributario español para este 2023 y se han debatido temas como el Impuesto Mínimo Global y el Impuesto Temporal sobre la solidaridad de las grandes fortunas.
El encuentro patrocinado por Banco Santander, Auren, Deloitte Legal y KPMG, ha contado además con la colaboración de Asociación Española de Consultores de Empresa, CE Consulting, CEOE, el Consejo General de Economistas, FETTAF, el Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid y la UNIR.
Juan Pujol, presidente de Lefebvre; Javier Martín, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la UCM y socio director de Ideo Legal, y Jesús Rodríguez, profesor titular de Derecho Financiero y Tributario, presidente del Consejo para la Defensa del Contribuyente y socio director de Práctica Tributaria de Ideo Legal; han sido los encargados de inaugurarlo.
Jesús Gascón, secretario de Estado de Hacienda, ha abierto la jornada con una ponencia sobre los retos tributarios de la Presidencia española de la Unión Europea. En su exposición ha indicado que estamos en un momento de incertidumbre y complejidad, con una gran cantidad de frentes abiertos. Respecto a la imposición directa, ha mencionado la posibilidad de llegar a un acuerdo sobre el Pilar 1 OCDE, donde se contempla una fiscalidad mínima para grandes grupos multinacionales: «En todo caso, es deseo de la Comisión Europea armonizar el Impuestos sobre Sociedades entre los 27 países miembros. El Proyecto BEFIT
(“Business in Europe: Framework for Income Taxation”), tiene como objetivo establecer unas normas comunes para hallar la base imponible en aquellos grupos que tengan más de 750 millones de facturación, aunque también se refiere a las PYMES, y dentro de su ámbito, se contemplan los precios de transferencia”.
Respecto a las entidades sin actividad económica (shell companies), Gascón ha destacado el Proyecto Unshell, señalando que busca prevenir su uso limitando cualquier ventaja impositiva que pudieran tener una entidad con substancia económica. También ha hablado sobre el Proyecto SAFE, que busca establecer reglas sobre el papel de los asesores e intermediarios en la planificación fiscal internacional. Y el Proyecto FASTER, que tiene intención de establecer un procedimiento más ágil que evite la doble imposición y la prevención de abusos fiscales.
El secretario de Estado de Hacienda expone que también se está considerando la posibilidad de avanzar en la DAC 8, que regularía todo lo relacionado con la información respecto a los criptoactivos.
Finalmente, en la imposición indirecta, Gascón ha mencionado al Proyecto VIDA (VAT in the digital age): «Busca avanzar en la ventanilla única en la UE, el papel de las plataformas digitales en el impuesto y el establecimiento de unas reglas armonizadas en los sistemas de información respecto al impuesto. También, es intención revisar el régimen de agencias de viajes, sobre todo a efectos de las reglas de localización”.
A continuación, Santos Gandarillas, magistrado de la Audiencia Nacional, y Antonio Montero, inspector de Hacienda del Estado en la AEAT, han participado en una mesa en la que han analizado la actual doctrina administrativa y jurisprudencial de la responsabilidad fiscal, incidiendo en que la función de la Agencia Tributaria no es recaudar sino velar por el buen cumplimiento de la regulación.
Tras ello, Begoña García-Rozado, directora Global Fiscal de Iberdrola; Luis López-Tello, director Corporativo de Repsol, y Javier Molina, director de Asesoría Fiscal de Santander, han debatido sobre las prestaciones patrimoniales públicas no tributarias a la banca y al sector energético. Los tres han coincidido en que sí se pueden considerar como impuestos dichas prestaciones. García-Rozado ha resaltado el carácter impositivo de las prestaciones patrimoniales, por su cobertura de gastos generales, mientras que Molina ha indicado que, si existe capacidad económica y gasto público, se debe tener un principio de reserva de ley estricto.
Posteriormente, bajo la moderación de Pelayo Oraá, socio del área de Fiscalidad Corporativa de KPMG Abogados, Silvia López Ribas, inspectora de Hacienda del Estado de la Dirección General de Tributos; David Gutiérrez Abarquero, director de Control Económico y Fiscalidad de Acciona, y Alberto de Miguel, director de Áreas Corporativas del departamento Fiscal de BBVA, se ha dado un repaso al Impuesto Mínimo Global. Han hablado sobre las implicaciones de dicho impuesto, el cual establece un tipo del 15% para recaudar impuestos adicionales.
En esta ocasión, Silvia López se ha posicionado en contra de que haya doble imposición entre países: «Si todos usáramos las mismas reglas, el impuesto sería contable. El objetivo es crear un sistema que evite conflictos o, en su defecto, que ayude a resolverlos”.
Finalmente, en la última mesa de la mañana han participado César García Novoa, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Santiago de Compostela; Javier Pérez-Fadón, exsubdirector general del Ministerio de Hacienda; y Gerardo Cuesta, socio del Área Fiscal en Deloitte Legal. Los expertos han analizado el Impuesto temporal sobre la solidaridad de las grandes fortunas.
Han identificado los factores que podrían poner en duda la constitucionalidad de dicho impuesto, la invasión de las competencias autonómicas, la vulneración del principio de seguridad jurídica y la del principio de capacidad económica y no confiscatoriedad.
Por su parte, Gerardo Cuesta ha asegurado que existe una desproporción evidente en la carga tributaria que soportan los contribuyentes por su patrimonio.
Además, a lo largo de la tarde, se abordaron también otras cuestiones fiscales, como la nueva ley de startups, el desarrollo de la prohibición del software de doble uso, la factura electrónica, así como el nuevo régimen fiscal de autónomos y el futuro de la profesión del asesor fiscal.