“Las mejoras a la institucionalidad económica son fundamentales para el desarrollo de los países”, subrayó este miércoles el ministro de Hacienda de Chile, Felipe Larraín, al presentar los aspectos centrales del proyecto de ley que transforma la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), en una Comisión de Valores y Seguros, iniciativa que será remitida la próxima semana al Congreso y que busca otogarle una mayor independencia.
El jefe de las finanzas públicas explicó que el acelerado desarrollo, internacionalización e integración del sector financiero en Chile plantea actualmente la necesidad de “modernizar los sistemas de regulación y supervisión para hacer frente de mejor forma a los riesgos y desafíos que esto implica”. Agregó que “si bien la SVS cuenta con un reconocido prestigio por su calidad técnica y profesional e independencia, existe consenso transversal acerca de la importancia de abordar una reforma institucional que permita fortalecerla”.
El proyecto
El ministro de Hacienda detalló que el proyecto, que será enviado al Parlamento en los próximos días, apunta a dotar a la entidad de una mayor autonomía y estabilidad -aislando su función de ciclos políticos-, «mejorar el proceso regulatorio y la transparencia en la dictación de normativa, y profundizar la efectividad y garantías de debido proceso en procedimientos sancionatorios, siguiendo los mejores estándares y recomendaciones internacionales».
Así, en materia de gobierno corporativo se reemplaza la autoridad unipersonal que recae en un Superintendente por un cuerpo colegiado de cinco miembros que adoptará sus decisiones por regla de mayoría. Siguiendo el modelo fijado en instituciones como el Consejo del Servicio Civil, el proyecto considera el nombramiento de comisionados con cargos de plazo fijo que se renovarán por parcialidades y no podrán ser removidos discrecionalmente. En lo relativo al proceso regulatorio, se elevan estándares de transparencia (consulta pública y análisis de impacto de nuevas regulaciones) y se establece la posibilidad de ampliar las atribuciones normativas de la Comisión a través del Congreso Nacional.
Para el proceso sancionatorio, se contempla reforzar las garantías de debido proceso mediante la separación de función de investigación (unidad especializada a cargo de Fiscal) de la aplicación de sanciones que corresponderá a la Comisión como órgano colegiado, y un proceso de revisión judicial más expedito.
Por último, el ministerio chileno manifestó que, «se incorporan también nuevas normas de accountability para otorgar mayores estándares de transparencia a la gestión de la Comisión. A través de esta iniciativa – que se alinea con las recomendaciones formuladas por Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, OECD y la Comisión Desormeaux de Reforma a Regulación y Supervisión Financiera- se aborda una gran tarea pendiente que es lograr que la transformación y evolución de nuestro mercado de capitales vaya de la mano con una modernización y fortalecimiento de las entidades encargadas de su regulación y supervisión».