En un reciente webinar dedicado a la evolución del Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR) de cara a 2023, los expertos de BNP Paribas AM analizaron las principales novedades de los últimos meses, así como la potencial evolución de la normativa. También explicaron de qué manera lo han integrado en sus carteras.
En primer término se recordó el objetivo de la UE con el reglamento, que es redirigir flujos de capital a compañías que den respuesta a los desafíos medioambientales y sociales de nuestro tiempo. Según BNP Paribas AM, “la forma de conseguirlo, orientada al mercado, es mediante un marco regulatorio que incentive esta transferencia de capital a través de las preferencias expresadas por el inversor final”.
Si bien la normativa MiFID II sobre preferencias de inversión entró en vigor ya en agosto de 2022, es a partir de enero de este año que las gestoras deben informar sobre las características de sus fondos. Pero, hasta 2024 no entrará en vigor la Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD), que regula la forma en que las empresas deben divulgar datos sobre su impacto ESG. Desde BNP Paribas AM, señalaron que “eso nos obliga, como gestores de fondos, a establecer metodologías propias para definir la inversión sostenible sin contar aún con esta información”.
Para conseguirlo se basan en los tres criterios principales que establece la propia MiFID II. En primer lugar dos aspectos positivos de contribución al objetivo: un mínimo de alineación de la cartera con la taxonomía de la UE y un mínimo de inversión sostenible. El tercero se centra en la consideración de las principales incidencias adversas en materia de sostenibilidad (PIAS). “Estos criterios son el nuevo lenguaje del mercado para evaluar la sostenibilidad de los productos financieros”, explicaron.
Cómo integrar la regulación en la cartera
Como distribuidor de fondos, BNP Paribas AM tiene que conseguir que las preferencias ESG del inversor, expresadas a través del cuestionario MiFID, se correspondan con las características del producto, así como encontrar la mejor estrategia para ofrecérsela al cliente, explicaron. Para ello la gestora ha desarrollado durante más de un año una serie de métricas y metodologías relacionadas con las PIAS, las características sociales y medioambientales, las inversiones sostenibles y la alineación con la taxonomía, para aplicarlas luego a los productos.
La novedad a partir de enero de este año es la obligación de la divulgación de estas características a nivel precontractual, en la web de la gestora y en los informes periódicos, se indicó, reportes que se suman a la plantilla EET (European ESG Template) de la UE, que representa el estándar para toda la industria y se comunica tanto a clientes como a proveedores de datos (ver gráfica).
Un proceso complejo
“Como criterio definido, todos los fondos artículo 9 deben invertir en activos sostenibles, pero en el caso del artículo 8 la definición es muy vaga, por lo que requiere que las gestoras establezcan sus propios criterios, lo que ha derivado en distintas clasificaciones tanto entre firmas como por jurisdicciones”, señalaron desde la gestora.
Según explicaron, se trata de un proceso muy complejo. Por ejemplo para el artículo 8 se exige clasificar no solo un mínimo de inversiones sostenibles, sino además especificar en porcentajes cuántos de los indicadores clave (KPI) del SFDR que califican a los emisores y agregados a nivel de cartera se refieren a aspectos sostenibles medioambientales alineados con la taxonomía, cuáles no están alineados con la taxonomía pese a ser medioambientalmente sostenibles, y cuáles se refieren a inversiones sostenibles a nivel social.
Así, para cumplir los KPI del artículo 8 se aplica un esquema descendente que en primer término separa los activos que no cumplen con el mínimo de características medioambientales y sociales (por ejemplo efectivo y derivados) y los que sí. Dentro de este subconjunto se desgranan a su vez activos no considerados plenamente sostenibles pero con buena puntuación ESG, y los activos que sí se consideran “inversiones sostenibles”. Esta clasificación no es homogénea, sino que se lleva a cabo en base a la metodología de cada gestor, por lo que en la actualidad resulta complejo comparar los fondos entre sí.
En el siguiente nivel vuelven a clasificarse los activos entre aquellos alineados con la taxonomía, los no alineados y los sociales.
“Este proceso implica que toda evaluación cuantitativa entre distintos fondos tendrá que ir acompañada de una cualitativa de cada metodología aplicada, y que la arquitectura de un fondo francés sea distinta a la de uno belga o uno luxemburgués. Por tanto es de esperar que, aunque el SFDR en sí no cambie, sí haya cambios regulatorios para avanzar hacia una mayor armonización a nivel europeo”, resumieron.
En el caso del artículo 9 se aplica el mismo esquema que va desgranando los KPI, pero partiendo de la base de que la inversión se limita a activos sostenibles. Sin embargo, esta restricción se refiere a porcentajes totales sobre la cartera, es decir que no implica que no haya activos como el efectivo, si bien deben limitarse a la liquidez y a los instrumentos de cobertura.
Conclusiones
La gestora recalcó que gracias a su trayectoria en temas de sostenibilidad, en muy poco tiempo han podido adaptar sus fondos a la nueva normativa y el porcentaje de sus activos bajo gestión (AUM) en fondos artículo 8 y artículo 9 duplica el del mercado global: un 86% frente a un 44%.
Añadieron a modo de resumen que la regulación de la UE es un marco muy ambicioso cuyo impacto completo se irá notando con el paso del tiempo, ya que aún estamos en un periodo de transición. En ese proceso van surgiendo nuevas herramientas esenciales, sobre todo la plantilla EET y la precontractual, en la que se establecen los objetivos.
Pese a ello, subrayaron que continúa siendo difícil comparar los fondos entre sí debido a las distintas metodologías aplicadas por cada gestora y en cada país. “La principal novedad para este año es que los compromisos cada vez son más granulares, se han ido desgranando en indicadores específicos ya sea sociales o medioambientales, y alineados o no con la taxonomía”, indicaron. Y añadieron: “BNP Paribas AM ha adoptado la nueva normativa y la ha integrado plenamente en su oferta”.
Por Funds Society, Madrid
