“Un diccionario vivo”. Así define la directora adjunta de sostenibilidad de BNP Paribas Asset Management, Helena Viñes, la taxonomía de inversiones sostenibles que entró en vigor en julio en la Unión Europea. Como parte del Grupo de Expertos Técnicos en Finanzas Sostenibles de la Comisión Europea, integrado por 32 personas, desgranó en una conferencia online los entresijos del nuevo reglamento, que supone “un puente entre el rendimiento medioambiental y el financiero” e impulsará la desaparición definitiva de determinadas actividades empresariales.
Uno de los puntos clave que destacó es ese marco de “doble condicionalidad” en el que se basa la taxonomía y que gira en torno a los seis objetivos medioambientales definidos por la Unión Europea: mitigación del cambio climático, adaptación al cambio climático, uso sostenible y protección de recursos hídricos, transición hacia una economía circular, prevención de la contaminación, y protección y recuperación de la biodiversidad. Para que una actividad económica sea considerada sostenible, no solo tiene que contribuir de forma sustancial a uno de ellos, sino que además no puede perjudicar a ninguno de los otros cinco.
La regulación establece que, para ser considerada “elegible” o “en transición”, una actividad debe cumplir tres criterios: que no existan otras alternativas de bajo carbono, que no conlleve emisiones “locked-in” (es decir, generadas a futuro por decisiones tomadas hoy) y que represente el mejor rendimiento dentro de su sector. Para Viñes, la alineación de los ingresos de una empresa con la taxonomía es clave, pero lo es más la de sus gastos de capital (Capex); es decir, que “es más importante hacia dónde se dirige una compañía que dónde se encuentra hoy”.
También hizo hincapié en la relevancia de la estrategia de una entidad, ya que su plan de inversiones y gastos puede reflejar cómo planea incrementar esa alineación de su modelo de negocio con la taxonomía. Teniendo esto en cuenta, las mayores oportunidades se encuentran en deuda y productos relacionados con los préstamos, como los bonos verdes, en los que pronosticó un incremento de la demanda a raíz de esa necesidad de las empresas de vincular sus estrategias a largo plazo al nuevo reglamento.
Un rompecabezas a largo plazo
Todo ello significa que, “para lograr los objetivos de una economía de bajo carbono, como el de alcanzar cero emisiones en 2050, debemos asumir que ciertas actividades económicas acabarán desapareciendo, como es el caso de la generación energética basada en combustibles fósiles”, advirtió Viñes. De ahí que la taxonomía suponga “un puente entre el rendimiento medioambiental y el financiero”, que obliga a las empresas a informar sobre el porcentaje de facturación, gastos de capital (Capex) y gastos operativos (Opex) destinado a actividades sostenibles.
“Su relevancia se evidencia cuando empiezas a ver el rompecabezas que se está construyendo a su alrededor”, dijo al destacar cómo los países europeos están modificando sus políticas de sostenibilidad y adaptando sus planes de recuperación teniendo en cuenta este nuevo marco de referencia. También fuera de la Unión Europea, con la plataforma internacional de inversiones sostenibles, se está viendo esa necesidad de contar con una taxonomía transversal que involucre a todas las regiones y que cuente con umbrales y criterios adaptables. De hecho, muchos países, como Canadá, Chile o China ya están desarrollando taxonomías en ese sentido, teniendo en cuenta lo establecido por la Comisión Europea.
Con todo, Viñes señaló en que, de momento, solo se ha desarrollado una quinta parte de la taxonomía y, de hecho, hasta dentro de dos años el grupo de expertos al que pertenece no publicará su primer informe oficial con recomendaciones. Por ello, “el porcentaje de alineación de empresas y países serán muy superior a lo que creemos”. Por último, incidió en observar de cerca el Capex de las compañías, ya que, allí donde muchos ven un bajo porcentaje de gasto en capital, ella ve “mucho potencial para la financiación verde”.
Por Funds Society, Madrid