La Asociación Española de Asesores Fiscales, AEDAF, ha presentado recientemente su nuevo paper, titulado El impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas: Adecuación a la Constitución, los convenios para evitar la doble imposición y el derecho de la Unión Europea, que firma José Manuel Almudí Cid, profesor titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid y miembro de AEDAF. El paper analiza exhaustivamente el impuesto y su articulación técnica.
Durante el encuentro virtual con los medios de comunicación, el autor del paper, José Manuel Almudí, ha calificado este impuesto temporal como un “alter ego del impuesto sobre el patrimonio”, ha hecho referencia a una tramitación parlamentaria “extravagante y atropellada, que ha evitado las posibles modificaciones o enmiendas que hubieran sido propuestas en un debate sobre esta norma”, y ha declarado que “se trata de una reacción por parte del Estado con la intención clara de neutralizar la política fiscal, perfectamente lícita, de determinadas comunidades autónomas de incorporar beneficios fiscales en un tributo cedido”.
El profesor Almudí ha apuntado que “si el Estado pretendía armonizar la imposición autonómica, debería haber acudido a la modificación de un bloque normativo claramente identificado por todos. Una armonización por la puerta de atrás es incompatible con el principio de reserva de la ley orgánica que establece la Constitución”. El autor ha hecho referencia también al “tratamiento asimétrico” a contribuyentes residentes y no residentes por parte de esta figura, ya que hay determinados beneficios fiscales que “se cercenan cuando se trata de contribuyentes no residentes”.
“Existe una incoherencia entre los objetivos que se anuncian en la exposición de motivos de la norma y la configuración del límite a la cuota íntegra que, como consecuencia de una deficiente técnica legislativa, neutraliza los potenciales efectos económicos iniciales del impuesto”, ha explicado Almudí.
Por su parte, la presidente de Stella Raventós Calvo ha lamentado que “esto es pan para hoy y hambre para mañana, ya que todas las impugnaciones de este impuesto, que nosotros recomendamos realizar, pueden traer como consecuencia un coste mucho mayor al Estado, que tendrá que devolver lo recaudado más los intereses de demora al cabo de unos años. A medio plazo esto daña las arcas públicas”.
Javier Gomez Taboada, vocal responsable de Estudios e Investigación de AEDAF, ha puntualizado que “la posible derogación de este impuesto se complicaría mucho si el Tribunal Constitucional resuelve avalarlo”.
Por Funds Society, Madrid
